Tráfico de influencias en el Senado

El Senado de la Nación se halla envuelto en un nuevo escándalo. Como es por todos conocido, el mismo estalló como consecuencia de la denuncia de presuntas tentativas de coimas, que habrían tratado de impedir la aprobación de un proyecto de ley que grava la operatividad bancaria. El hecho ha puesto nuevamente en evidencia el contexto de corrupción en el que se desenvuelve el "lobbismo".
Hace ya dos años que la consideración, por la misma Cámara, de la reforma laboral, dio lugar a denuncias por idéntica causa. Sabemos que la Justicia no logró probar aquellas, frente a la resistencia solidaria de los senadores imputados durante las investigaciones. En la actual oportunidad se ha podido llegar, al menos, a la existencia de un tráfico de influencias con participación de un consultor "lobbista" contratado por la Asociación de Bancos de la Argentina. Este, según denuncias no probadas hasta el momento, habría ofrecido sobornos, si bien el proyecto de referencia fue aprobado. El grave asunto -ampliamente difundido y conocido por la opinión pública- no interesa, en ocasión de este comentario, sino en la medida en que pone una vez más, en la escena política, la discutible transparencia de las relaciones entre los poderes públicos y los sectores de interés privados, cada vez que deben asumirse decisiones sobre cuestiones trascendentes. Es decir, el ejercicio del "lobbismo" e intermediación entre ambos para obtener determinados fines o resultados.
La irregularidad y virtual ocultamiento con que esas gestiones se desarrollan en nuestro país, han contribuido a que las mismas sean generalmente sospechadas de oscuro tráfico de influencias a cargo de intermediarios contratados, como ocurriría en esta oportunidad. A partir de esa concepción de hecho, todo sería posible, y muy especialmente, el acceso a esa corrupción que desde hace tiempo ha colocado a buena parte de nuestra actividad política en estado de sospecha.Hace poco más de un año, y con el propósito de dar transparencia a esa realidad, propia del planteamiento de intereses contrapuestos, el senador nacional Jorge Yoma presentó a la consideración de la Cámara un proyecto de regularización del "lobbismo". La iniciativa tomó por base el régimen legal que lleva casi cien años de vigencia en los Estados Unidos, así como otros, no muy diferentes, de distintos parlamentos democráticos prestigiosos. El marco normativo propuesto no sólo reglamentaba el ejercicio de esa actividad, sino que creaba un registro de "lobbistas" o gestores con acceso público: es decir, una matrícula, sin la cual dicha intermediación no sería posible. También se establecían incompatibilidades con la función pública y otras condiciones que podrían contribuir al saneamiento ético y moral requerido por la actividad.
El proyecto en cuestión generó de inmediato reacciones negativas de una mayoría suficiente para impedir su tratamiento plenario, quedando "cajoneado", como despectivamente se dice en el argot legislativo. Es evidente que si la sociedad se mueve por naturaleza en defensa de sus intereses, lo que corresponde -en esta como en otras situaciones- es aportar racionalidad y transparencia a las formas con que lo hace. En el caso del "lobbista" de referencia y notorio consultor, ha de señalarse que fue ese desprecio de un marco normativo lo que permitió que el mismo tenga dependencia simultáneamente no sólo de la entidad de bancos privados sino del Ministerio de Economía de la Nación.
Nuevamente, como en tantas otras situaciones, la incapacidad, la desidia o la predisposición a lo corrupto están dando pruebas de la profundidad de nuestra crisis.