Miles de mineros radicalizan la medida de fuerza en La Paz

LA PAZ.- Miles de mineros bolivianos manifestaron ayer, por segundo día consecutivo, en La Paz, contra un incremento en los impuestos. Lograron que el presidente Evo Morales tomara las riendas de la negociación.
Morales asumió las tratativas después de que los cooperativistas ocuparon una plaza capitalina. Andrés Vilca, líder de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), exigió negociar personalmente con Morales, y amenazó con ampliar las manifestaciones callejeras.
Los mineros, que atacaron a la fuerza pública con dinamita, tomaron de rehenes a cuatro policías y secuestraron dos vehículos de servicio público, que luego devolvieron. Un grupo intentó ingresar a la Plaza de Armas -a uno de cuyos costados se alza el Palacio Quemado, donde Morales se reuniría poco después con los delegados mineros-, pero fue frenado por la Policía. "Son grupos que quieren evitar que el diálogo se produzca o quieren ver fracasar este diálogo; el gobierno no va a caer en esa provocación", dijo el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
Tras los incidentes, Morales se sentó a negociar con 40 delegados de Fencomin. Poco después Villca y el ministro de Trabajo, Walter Delgadillo, aseguraron que la negociación llegará a buen puerto. Villca afirmó que lo único que quieren es que no se incremente el impuesto a la minería. El Gobierno prevé subir el Impuesto Complementario Minero (ICM) a distintos niveles, según el metal y la fluctuación de la cotización internacional. La presión de los mineros continúa, pese a que el gobierno ordenó congelar el tributo para Fencomin. Los cooperativistas piden que se lo elimine.
Una decena de compañías extranjeras opera en Bolivia desde la década pasada. Morales acusa a los mineros de beneficiar a las grandes compañías, puesto que de U$S 1.000 millones exportados en 2006, sólo tributaron por U$S 58 millones.

No le temblará la mano
Por otra parte, Morales declaró que no le temblará la mano para expulsar a Transredes, filial de la anglo-holandesa Shell, que opera una red de gas y oleoductos, por supuesto sabotaje al suministro de carburantes en Bolivia. El presidente urgió al ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, establecer el grado de responsabilidad de la transnacional en una protesta en la población petrolera de Camiri, que derivó en la toma de las instalaciones de Transredes y en el cierre de las válvulas, lo que impidió el suministro a cuatro regiones del país durante 15 horas. Según denuncias, el cierre de las válvulas se produjo dos horas antes de que los cívicos ocuparon el establecimiento. La Paz cifró las pérdidas en U$S 500.000. "Si hubo sabotaje, no me va a temblar la mano para expulsar a la transnacional", declaró. (AFP-NA)