Buenos Aires.- Atilio Neira, abogado de María Estela Martínez de Perón, confirmó que la ex presidenta se presentará ante la Audiencia Nacional de Madrid, donde será notificada sobre la nueva orden de detención librada en su contra, al tiempo que estimó que su representada no quedará bajo prisión preventiva.
Neira consideró que, después de que se presente ante la Audiencia Nacional, la ex presidenta tendrá libertad ambulatoria por todo el territorio español.
“Seguramente en estos próximos días ella va a concurrir. En este caso se repetirá el procedimiento anterior: va a optar por un juicio de extradición y quedará en libertad provisional”, sostuvo el letrado. Se trata del segundo pedido de captura internacional que pesa contra Isabel Perón, en este caso como consecuencia de la investigación iniciada por el juez federal Norberto Oyarbide por los crímenes cometidos durante su gobierno por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).
Previamente, a principios de enero, había solicitado su extradición el juez federal mendocino Héctor Acosta, en otra causa que vincula a la ex presidenta con el decreto firmado en 1975 contra el accionar subversivo.
Por otro lado, el titular del bloque de diputados del PJ, José María Díaz Bancalari, criticó la propuesta del radicalismo de iniciar un debate en el Congreso sobre la violencia política que se vivió en la década del 70. El dirigente consideró esa posibilidad como una “tontera” que pretende “tapar la situación de esperanza del pueblo con los dolores tremendos de la Argentina”. Aseguró que las causas sobre los crímenes de la Triple A y los pedidos de detención contra Isabel Perón “no deben ser utilizadas para distraer a la población”. (NA-DyN)
Buenos Aires.- Los represores Alfredo Astiz y Héctor Febrés deben presentarse esta semana ante el juez federal Sergio Torres para ampliar su declaración indagatoria en la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura. Los represores se encuentran detenidos, acusados de haber secuestrado a doce personas que frecuentaban un grupo que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz. El miercoles Astiz deberá ampliar su indagatoria en los Tribunales de Retiro, mientras que Febrés lo hará 24 horas después. Ambos están acusados del secuestro, la desaparición y el asesinato de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. Por esta misma causa ya cumplieron con el trámite los marinos Jorge “Tigre” Acosta y Antonio Pernías.
Entre las víctimas de la causa que investiga Torres la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, que también formaba parte del grupo católico. El magistrado convocó a los represores luego de que fueron identificados los restos de Duquet y Villaflor, hallados enterrados como NN en un cementerio de General Lavalle. Allí habían sido sepultados tras ser encontrados flotando en aguas de un balneario bonaerense entre el 20 y el 21 de diciembre de 1977. Habían sido arrojados en uno de los “vuelos de la muerte” que se implementaron durante la última dictadura.
Cuando los represores fueron procesados en 1987, antes del dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los cuerpos de los 12 secuestrados en ese hecho no habían sido hallados, por lo cual la acusación sólo incluyó el delito de tormentos. (NA)
Neira consideró que, después de que se presente ante la Audiencia Nacional, la ex presidenta tendrá libertad ambulatoria por todo el territorio español.
“Seguramente en estos próximos días ella va a concurrir. En este caso se repetirá el procedimiento anterior: va a optar por un juicio de extradición y quedará en libertad provisional”, sostuvo el letrado. Se trata del segundo pedido de captura internacional que pesa contra Isabel Perón, en este caso como consecuencia de la investigación iniciada por el juez federal Norberto Oyarbide por los crímenes cometidos durante su gobierno por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).
Previamente, a principios de enero, había solicitado su extradición el juez federal mendocino Héctor Acosta, en otra causa que vincula a la ex presidenta con el decreto firmado en 1975 contra el accionar subversivo.
Por otro lado, el titular del bloque de diputados del PJ, José María Díaz Bancalari, criticó la propuesta del radicalismo de iniciar un debate en el Congreso sobre la violencia política que se vivió en la década del 70. El dirigente consideró esa posibilidad como una “tontera” que pretende “tapar la situación de esperanza del pueblo con los dolores tremendos de la Argentina”. Aseguró que las causas sobre los crímenes de la Triple A y los pedidos de detención contra Isabel Perón “no deben ser utilizadas para distraer a la población”. (NA-DyN)
Los represores Astiz y Febrés deben ampliar sus declaraciones
Buenos Aires.- Los represores Alfredo Astiz y Héctor Febrés deben presentarse esta semana ante el juez federal Sergio Torres para ampliar su declaración indagatoria en la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura. Los represores se encuentran detenidos, acusados de haber secuestrado a doce personas que frecuentaban un grupo que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz. El miercoles Astiz deberá ampliar su indagatoria en los Tribunales de Retiro, mientras que Febrés lo hará 24 horas después. Ambos están acusados del secuestro, la desaparición y el asesinato de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. Por esta misma causa ya cumplieron con el trámite los marinos Jorge “Tigre” Acosta y Antonio Pernías.
Entre las víctimas de la causa que investiga Torres la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, que también formaba parte del grupo católico. El magistrado convocó a los represores luego de que fueron identificados los restos de Duquet y Villaflor, hallados enterrados como NN en un cementerio de General Lavalle. Allí habían sido sepultados tras ser encontrados flotando en aguas de un balneario bonaerense entre el 20 y el 21 de diciembre de 1977. Habían sido arrojados en uno de los “vuelos de la muerte” que se implementaron durante la última dictadura.
Cuando los represores fueron procesados en 1987, antes del dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los cuerpos de los 12 secuestrados en ese hecho no habían sido hallados, por lo cual la acusación sólo incluyó el delito de tormentos. (NA)









