Citarían a "Isabel" Perón para que declare a mediados de año

La ex presidenta María Estela Martínez de Perón es nombrada en Tucumán en decenas de causas por violaciones a los derechos humanos, radicadas en el Juzgado Federal de Jorge Parache, aunque ninguna tiene un nivel de avance que permita augurar una pronta resolución judicial.
De hecho, ninguno de los expedientes sobre lo ocurrido durante el Operativo Independencia (es la base de la pesquisa) es considerado un asunto de feria. Por ello, cualquier novedad se produciría luego de que se normalice la actividad en los tribunales nacionales, a partir del 1 de febrero. Fuentes judiciales confirmaron a LA GACETA que las definiciones se producirían a mediados de año, con la posibilidad de que se cite a la ex jefa de Estado a que preste declaración indagatoria, paso obligatorio previo a cualquier procesamiento. Aunque "Isabel" sea extraditada en España por otras causas, no sería posible su citación en Tucumán en menos tiempo.

Los expedientes
La labor de la Justicia Federal aborda el estudio del período comprendido entre principios de 1975 (a partir del dictado del decreto presidencial que habilitó el accionar del Ejército contra la subversión en el Operativo Independencia) y el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Aparte del decreto presidencial, también se analizan las conductas que tuvieron los comandantes del accionar militar, Acdel Edgardo Vilas, quien estuvo al frente hasta diciembre de 1975; y Antonio Domingo Bussi, desde ese momento.
Los dos expedientes que registran mayor desarrollo investigativo son los referidos a las desapariciones de María Rosa Zurita (ocurrida el 10 de noviembre de 1975) y de Santiago Omar Vicente (1 de febrero de 1976). Pero la causa más voluminosa fue presentada hace varios años por los titulares del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y el periodista Horacio Verbitsky, respectivamente, sobre numerosos casos de secuestros en el ámbito del III Cuerpo del Ejército. La denuncia original fue presentada ante la jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, quien se declaró incompetente y la remitió a Parache.

Los hermanos Poli
A partir de ese planteo, el juez federal ordenó la excavación de tumbas en Raco, en busca de los restos óseos de dos hermanos, que fueron secuestrados en el hospital Padilla a principios de 1976: los técnicos mecánicos Carlos Bautista (de 30 años) y José Fernando Poli (32 años). El trabajo fue infructuoso.
Los Poli trabajaban en el ingenio Santa Rosa (cerca de Monteros). El 20 de enero de ese año, seis personas encapuchadas ingresaron en la madrugada en su domicilio, pero se resistieron y evitaron ser llevados por la fuerza con la ayuda de sus vecinos. En el forcejeo, uno de los hermanos resultó herido de un balazo en el estómago por el grupo comando, que tenía armas largas y cortas que dispararon durante su huida. Fue internado en el Padilla bajo el cuidado de su hermano, de donde fueron secuestrados y nunca se supo más de ellos.
Otro caso que está siendo investigado por Parache, dentro de la cantidad de causas que maneja, se refiere al secuestro del corrector y periodista de LA GACETA, Maurice Jeger, ocurrido el 8 de julio de 1975, junto con su pareja Olga Cristina González (estaba embarazada de cuatro meses).