“En este año plenamente electoral tenemos mucha oposición y somos diariamente atacados y amenazados. Es porque somos del oficialismo”, sentenció la secretaria habilitada de la comuna de El Chañar María Argelia Robles.
La hermana del comisionado rural, Enrique Ignacio Robles, minimizó las denuncias penales presentadas por Ramón Antonio Ablanedo y por Sara Francisca Jiménez. “A todo eso tendrán que probarlo”, respondió la mujer cuando LA GACETA le consultó por las demandas.
La secretaria habilitada de la comuna recibió con nerviosismo la requisitoria periodística. Luego, en una oficina y acompañada por una colaboradora, insistió en que las denuncias son dirigidas por fracciones políticas opositoras al gobernador José Alperovich. “La legisladora Olijela del Valle Rivas nos mandó a amenazar con su gente. Ella quiere ingresar políticamente a nuestra jurisdicción”, precisó. “Estamos tranquilos, ellos van a hacer su exposición y nosotros la nuestra, ya tenemos quien nos represente en las causas”, sentenció.
La funcionaria se mostró asombrada por la identidad de los demandantes. Según dijo, eran considerados empleados de confianza. “Estamos realmente sorprendidos, porque quienes realizaron las denuncias eran personas de total confianza y creíamos que trabajaban en conformidad. Igualmente no somos ni la primera ni la última comuna con este tipo de casos”, expresó.
Explicó que el Centro de Integración Comunitario aún no fue inaugurado porque la Nación adeuda una remesa de fondos.
El fiscal penal de la X Nominación, Guillermo Herrera, tomará hoy declaración testimonial a Ramón Antonio Ablanedo, la segunda persona en denunciar por presunto fraude a la administración pública y por estafa al comisionado rural, Enrique Ignacio Robles.
El obrero, patrocinado por los abogados Gustavo Morales y Luis Romero Abadie, deberá presentarse en Tribunales a las 19. A esa hora, el fiscal pretende contar ya con la documentación solicitada a la Provincia sobre las planillas de empleados y los controles de asistencia. Ablanedo sostiene que recibía $ 150 mensuales en negro cuando, en realidad, habría sido contratado -sin saberlo- por un sueldo mucho más elevado.
El trabajador, además, elevó sus reclamos ante el Tribunal de Cuentas (TC). Mediante carta documento solicitó a los vocales del organismo de control la realización de un sumario administrativo en la comuna.
La hermana del comisionado rural, Enrique Ignacio Robles, minimizó las denuncias penales presentadas por Ramón Antonio Ablanedo y por Sara Francisca Jiménez. “A todo eso tendrán que probarlo”, respondió la mujer cuando LA GACETA le consultó por las demandas.
La secretaria habilitada de la comuna recibió con nerviosismo la requisitoria periodística. Luego, en una oficina y acompañada por una colaboradora, insistió en que las denuncias son dirigidas por fracciones políticas opositoras al gobernador José Alperovich. “La legisladora Olijela del Valle Rivas nos mandó a amenazar con su gente. Ella quiere ingresar políticamente a nuestra jurisdicción”, precisó. “Estamos tranquilos, ellos van a hacer su exposición y nosotros la nuestra, ya tenemos quien nos represente en las causas”, sentenció.
La funcionaria se mostró asombrada por la identidad de los demandantes. Según dijo, eran considerados empleados de confianza. “Estamos realmente sorprendidos, porque quienes realizaron las denuncias eran personas de total confianza y creíamos que trabajaban en conformidad. Igualmente no somos ni la primera ni la última comuna con este tipo de casos”, expresó.
Explicó que el Centro de Integración Comunitario aún no fue inaugurado porque la Nación adeuda una remesa de fondos.
Un obrero debe ratificar hoy su demanda
El fiscal penal de la X Nominación, Guillermo Herrera, tomará hoy declaración testimonial a Ramón Antonio Ablanedo, la segunda persona en denunciar por presunto fraude a la administración pública y por estafa al comisionado rural, Enrique Ignacio Robles.
El obrero, patrocinado por los abogados Gustavo Morales y Luis Romero Abadie, deberá presentarse en Tribunales a las 19. A esa hora, el fiscal pretende contar ya con la documentación solicitada a la Provincia sobre las planillas de empleados y los controles de asistencia. Ablanedo sostiene que recibía $ 150 mensuales en negro cuando, en realidad, habría sido contratado -sin saberlo- por un sueldo mucho más elevado.
El trabajador, además, elevó sus reclamos ante el Tribunal de Cuentas (TC). Mediante carta documento solicitó a los vocales del organismo de control la realización de un sumario administrativo en la comuna.









