Vecinos de El Chañar critican la gestión comunal

Altos pastizales y montañas de residuos distraen la vista en la entrada a El Chañar, una localidad del departamento Burruyacu emplazada a 15 kilómetros hacia el este de la capital. Las calles polvorientas y desoladas dan prueba de que la gente prefiere ocultarse del sol del mediodía en sus hogares. En el centro del pueblo, una comisaría, un Juzgado de Paz y una comuna rural flanquean una descuidada plaza principal.
A sólo dos cuadras se levanta un Centro de Integración Comunitaria (CIC) que nunca se terminó de construir. Por lo menos, así lo constata su estado de abandono. En el mismo estado se encuentra un centro para discapacitados. Estos dos inmuebles debían ser inaugurados al promediar 2006, según expresaron vecinos de la zona. El pequeño dispensario del pueblo, prácticamente derruido, no recibe tareas de mantenimiento desde hace unos seis años, en palabras de la enfermera María Sosa.
La atención de la clase política y dirigencial se centró en esta pequeña localidad de casi 7.000 habitantes a partir de las denuncias penales en contra de su delegado comunal. Enrique Ignacio Robles fue demandado por presunta estafa y fraude a la administración pública por dos obreros. Estos, por separado, expresaron ante la Justicia que prestaron servicios por $ 150 mensuales en negro cuando, según afirmaron, habían sido contratados -sin saberlo- por montos superiores (entre $ 650 y $ 850).
Durante una recorrida, LA GACETA pudo constatar el malestar de muchos vecinos, que reniegan de un comisionado rural ausente. “No tengo palabras para describir el accionar del delegado; nunca tuvimos respuesta a nuestros pedidos. Con el temporal se inundó la gente que vive en los barrios bajos y hasta ahora nadie los ayudó; no les dieron ni mercadería”, reclamó Lilia González ante una consulta.
Sara Francisca Jiménez es la mujer que, el jueves, declaró ante el fiscal penal de la X Nominación, Guillermo Herrera. Según relató, la presunta irregularidad salió a la luz cuando su marido, Juan Carlos González, pretendió cobrar un plan para desocupados. En ese momento -explicó- se percataron de que figuraba como contratado en la comuna con un elevado sueldo, cuando en realidad el hombre sólo recibía $ 150 por mes en negro. González asegura que realizó múltiples trabajos para la delegación rural durante tres años, pero que otra persona pudo haber firmado por él los recibos de sueldos.
“Yo no era el único que trabajaba de esa forma, pero los demás no quieren hablar”, afirmó el presunto damnificado. “En diciembre me descontaron $ 50 pesos y en enero directamente no me pagaron, ya que no pude trabajar porque me quebré una pierna”, dijo González.