Califican de inconstitucional el DNU impulsado por el Gobierno

El jurismo cerró filas en su decisión de rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el Gobierno, y modificarlo a través de una ley que atienda los problemas causados por las tormentas.
La convocatoria al recinto se concretaría en esta semana (ver "Rumbo..."), aunque todo depende del flujo de información que reciba la Legislatura respecto del monto de los daños causados por las inundaciones.
La norma final está aún siendo elaborada, pero los cambios más importantes consistirán en imponerle un plazo de entre 120 y 180 días a las emergencias por declarar (prorrogables en tanto no se superen las crisis); suprimir la potestad de concertar créditos excepcionales para paliar los daños causados por el temporal; establecer un sistema de seguimiento parlamentario de los fondos que se afecten a obras públicas y autorizar contrataciones directas.
Las quejas, en voz baja, nacidas en el ultraoficialismo por la actitud jurista fueron respondidas desde este sector. "Hay opiniones que salen desde los sectores de la Casa de Gobierno o incluso de boca del propio José Alperovich que están erradas. No hemos puesto ni pondremos palos en ninguna rueda, sino que cambiar un DNU por una ley es mejorarlo para ayudar a la gestión estatal. Le vamos a sacar todos los palos que el propio decreto tiene en el texto, porque no se dieron cuenta de cómo está redactado o porque hay malos asesoramientos", sostuvo Juan Siviardo Gutiérrez.
El legislador consideró que el DNU es inconstitucional por los errores detectados desde el jurismo. Resaltó que todo gasto debe tener un límite y que se debe ejercer el control de lo ejecutado, para que los legisladores no falten a sus obligaciones parlamentarias.
Gutiérrez reconoció que están recopilando todas las leyes aprobadas para la realización de obras públicas, para calcular el monto afectado con ese destino y poder determinar cuáles no fueron concretadas. "No será una investigación", aclaró.

La letra de la Carta Magna
"Somos custodios de la Constitución provincial. El único desplante que podría tener la Provincia es que los legisladores no hagamos las cosas que debemos hacer o que no ejerzamos las funciones que tenemos que cumplir", sostuvo Rodolfo Ocaranza, al salir al cruce de las críticas del ultraoficialismo.
El presidente del bloque peronista remarcó que está terminantemente vetada la posibilidad de que el Estado tome empréstitos ad referéndum de la Legislatura, con un aval parlamentario posterior a la operación o mediante un DNU, por lo que pedirá que se rechace de cuajo esa posibilidad. Agregó que sólo aceptará respaldar un nuevo y futuro endeudamiento provincial con un destino efectivo y con una justificación adecuada.
"La Carta Magna que votamos todos los convencionales, especialmente algunos del oficialismo, prohíbe algunas delegaciones. El gobernador tendrá una carta de crédito, no un cheque en blanco. Ni la Legislatura de Santa Fe ni la de Salta, en la inundación en Tartagal, tuvieron que delegar superpoderes en el PE para salir de la crisis. En el marco de la Constitución, tendrán todas las herramientas; fuera de ella, no", señaló.
El justicialista dijo que está de acuerdo en flexibilizar los regímenes estatales de contratación, obviando el sistema de licitación pública, ya que este mecanismo es lento y puede derivar en tornar inicuo el gasto que se pretende realizar para superar la crisis. En ese orden, destacó que respeta el concepto de emergencia y de urgencia planteado desde el Gobierno.