Vecinos enviaron al Ejecutivo una carta documento con sus cuestionamientos

Los cuestionamientos de vecinos al comisionado rural de El Chañar, Enrique Ignacio Robles, llegaron formalmente a manos del gobernador, José Alperovich. El joven Ramón Antonio Ablanedo denunció ante el Ejecutivo que el funcionario fue beneficiario, hasta varios meses después de asumir la conducción de la comuna del este, de un plan para personas desocupadas.
“Tanto dicho funcionario como su hermana, María Argelia Robles, que es la secretaria habilitada de la comuna, se quedan con dinero, ya que sólo dan al suscripto $ 150 por mes cuando en la documentación hacen figurar que se percibe entre $ 850 y $ 1.000, según información de la AFIP, la Anses, la AFJP, la oficina de Cómputos de la Provincia y la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas. Cabe aclarar que hay otros empleados que se encuentran en la misma situación”, sostuvo Ablanedo en una carta documento dirigida a Alperovich.
Ablanedo demandó ante la Justicia al delegado comunal de El Chañar por fraude a la administración pública y por estafa. En su denuncia penal, sostiene que Robles lo designó en la comuna sin su consentimiento y que retiene parte de los haberes que le corresponden. “A un mes de haber ingresado a trabajar en la comuna, fue afectado a realizar refacciones en el domicilio particular del delegado comunal, colocando cerámicos en el baño, haciendo contrapiso, poniendo el piso y macheteando en el fondo de ese inmueble”, expresó en la misiva dirigida al titular del Ejecutivo.
El denunciante agregó que, luego, debió construir un locutorio en el domicilio de la madre del comisionado rural, “que vive al lado del delegado”. “Por todos los medios -prosigue el texto- el delegado comunal trató de hacer firmar al suscripto documentación en blanco; y ante la negativa fue afectado a tareas insalubres, hasta que finalmente en el mes de agosto de 2006 firmó un papel en blanco en el escritorio del funcionario”. Ablanedo, a través de la carta documento, señala que se reserva el derecho de efectuar denuncias penales ante la Justicia Federal y de llevar sus planteos ante el Tribunal de Cuentas.