Piden informes por las denuncias en El Chañar

La situación del comisionado rural de El Chañar, Enrique Ignacio Robles, comienza a complicarse judicialmente. El funcionario está denunciado por dos vecinos de la comuna, que dicen haber prestado servicios por los cuales cobraban, en negro, $ 150 mensuales, cuando en realidad estaban contratados -sin su conocimiento- para cobrar remuneraciones varias veces superiores.
Ayer, el fiscal en lo Penal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera, confirmó que envió pedidos de informes a la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas, a la Dirección de Comunas Rurales y a la comuna de El Chañar, para que le remitan los antecedentes de quienes denunciaron ante él las presuntas irregularidades.
"Queremos conocer toda la documentación referida a los denunciantes. Que nos remitan las planillas de personal y los controles de asistencia, para cotejar esos informes con los que surjan de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). En definitiva, los expedientes propios de cualquier empleado que debe estar contratado en condiciones regulares", explicó a LA GACETA. Esos informes deben ser remitidos hoy a la Fiscalía X por las reparticiones oficiales, dado que el funcionario judicial pautó un estricto plazo perentorio para el envío de la documentación.
Herrera puntualizó que con los datos oficiales se deslindarán responsabilidades; eventualmente, se determinará si se está ante un caso de estafa o de defraudación al fisco. No quiso adelantar cuáles pueden ser los pasos por seguir.
Sin embargo, fuentes judiciales no descartaron que el delegado comunal de El Chañar sea citado a declarar como imputado a principios de la próxima semana. Afirman, incluso, que se cuenta ya con elementos para citar al funcionario, pero que esperan contar con la respuesta oficial para tomar alguna definición.

Las acusaciones
El jueves, Herrera le tomó declaración a Sara Francisca Jiménez. La mujer detalló que su marido comenzó a trabajar en octubre de 2005 en la comuna. Aseguró que el comisionado rural le solicitó una fotocopia del DNI y le anunció que sería tomado para trabajar por $ 150. Según fuentes judiciales, Jiménez declaró que su esposo nunca firmó un recibo de sueldo, pero que recibía ese dinero el día 15 de cada mes.
La presunta irregularidad habría salido a luz cuando el trabajador quiso inscribirse como beneficiario de un plan social. Según relató, se dio con que no podía recibir el beneficio porque figuraba como contratado por la comuna. Y agrega en la denuncia que, tras intentar contactarse con el comisionado, la secretaria habilitada de la comuna y hermana de este, María Argelia Robles, reconoció que el hombre había sido contratado y que su sueldo era dividido entre cuatro personas.
Una denuncia con contenido similar fue interpuesta por Ramón Antonio Ablanedo, con el patrocinio de los abogados Luis Romero Abadie y Gustavo Morales. El joven demandó a Robles por presunto fraude a la administración pública y por estafa. Detalló que ingresó a trabajar en la comuna en febrero de 2005 como albañil, a cambio de $ 150 mensuales.