La UCR critica el DNU que declara la emergencia

Desde la UCR cuestionaron con dureza el decreto de necesidad y urgencia 1/1, que declara la emergencia hídrica y social de la provincia. El presidente de la convención provincial, Ariel García, criticó las prerrogativas que se asigna al Ejecutivo. El artículo 2 lo faculta a reasignar partidas y a contraer endeudamientos, “tendientes a mitigar las consecuencias del siniestro”, sin aval de la Legislatura. El artículo 3 fija que las adjudicaciones y contrataciones del Gobierno quedan comprendidas en las normas de excepción, “facultándose al Ejecutivo a instrumentar procedimientos que aseguren mayor agilidad y eficacia, evitando atrasos en la ejecución de las obras o provisión de suministros imprescindibles”.
“Otórgase al Poder Ejecutivo la atribución de delegar en los funcionarios de su dependencia la facultad para autorizar contrataciones dirigidas a atender la emergencia, cualquiera sea su concepto y monto”, dice el artículo 4 del decreto publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial.
“Desde el radicalismo, sentimos vergüenza ajena de que el gobernador, José Alperovich, se aproveche de la tragedia de los tucumanos para conseguir superpoderes, por medio de un decreto espurio. Instruiremos a nuestros legisladores para que no lo avalen”, adelantó García.
“La UCR seguirá brindando las herramientas institucionales necesarias para paliar esta desgracia. Pero con este decreto, el Gobierno no quiere ayudar a los tucumanos: se quiere ayudar a sí mismo. Nada menos que en el año en el que buscará pelear la reelección, el gobernador quiere que se lo faculte para realizar contrataciones por cualquier concepto y monto, sin control parlamentario”, cuestionó.

La contrapropuesta
“En lugar de ceder las atribuciones del Parlamento, lo que procede es crear un fondo especial para paliar la crisis, administrado con libertad por el Ejecutivo y sometido al control de los legisladores. Para ello, la Cámara debe reasignar las partidas del Presupuesto 2007, que es una de sus funciones específicas”, propuso.
“En lugar de $ 2 millones, la representación en Buenos Aires podría quedar con $ 1 millón. De los casi $ 15 millones para propaganda, la Secretaría de Prensa y Difusión podría ceder $ 10 millones. Y la Secretaría General de la Gobernación podría aportar $ 50 millones: aún le quedaría para funcionar, prácticamente, medio millón por mes”, consignó.