El todavía nonato Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo fue cuestionado judicialmente. Una denuncia está radicada desde diciembre en la Sala III de la Cámara de ese mismo fuero, pero no trascendieron los nombres de quienes impugnan por inconstitucional la ley 7.790 (son camaristas provinciales). Con la presentación del escrito, se interrumpió el plazo de caducidad para interponer una acción judicial contra la norma y así se impidió que quedara firme.Los fundamentos del cuestionamiento habrían sido tomados de la crítica efectuada por la Corte Suprema de Justicia a la iniciativa formulada antes de la sanción de la ley, en agosto pasado. En ese momento, por unanimidad, el máximo tribunal pidió a la Legislatura que no se apruebe la norma, pero no logró su objetivo."Se podría causar un írrito menoscabo de la jerarquía con la que fue creada originariamente la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por tres salas, con dos magistrados camaristas cada una y que es la que actualmente existe. El contenido (del proyecto) muestra, con suficiencia bastante, el grave error conceptual que lo configura, traducido en un inusitado quebrantamiento del criterio organizador de uno de los tres poderes que, conforme al principio republicano de Gobierno, instituye el régimen constitucional nacional y provincial", afirmaron entonces los magistrados supremos.La Corte añadió que "la garantía de inamovilidad de los camaristas no sólo ampara contra la remoción sino que, además, resguarda la sede, el grado, y la intangibilidad de su remuneración; y comprende al rango o nivel jerárquico de la naturaleza y alcance específicos que el magistrado ejerce". Por ello, señaló que un tribunal violaría esos principios.
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