Magistrados objetan la creación de un tribunal

A fines de agosto, la Legislatura sancionó la controvertida ley de creación del Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. La propuesta del oficialismo apuntó a contar con una instancia judicial que entendiera en los recursos contra las resoluciones y sentencias que dicten las tres salas de ese fuero (en el cual se tramitan todas las causas contra el Estado), antes de que lleguen a la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
Hasta ahora, esta nueva estructura judicial no fue puesta en funcionamiento. La explicación oficial dada en los tribunales es que en la norma aprobada hace seis meses no se determinó puntualmente la autorización a que se designe o se afecte personal (empleados, funcionarios y magistrados) para ese cuerpo, sino que los legisladores autorizaron genéricamente al Poder Ejecutivo a efectuar las compensaciones presupuestarias necesarias (costaría $ 1 millón).
Esta disposición es considerada insuficiente por la Corte, que se opuso al nacimiento de esta instancia intermedia desde que se conoció el proyecto impulsado por el justicialismo. Los fundamentos del máximo tribunal fueron usados en una causa que fue abierta en la Justicia, y que está siendo impulsada por camaristas (ver "Cuestionamiento...").

Inquietud
Este tema fue abordado por la Federación Argentina de la Magistratura (la FAM reúne a las asociaciones de jueces de todo el país). En la última reunión plenaria de 2006, cuyas conclusiones se conocieron recientemente, desde la entidad se afirmó que se "observa con inquietud la implementación de un Tribunal de Apelaciones en el fuero contencioso-administrativo por la ley 7.790, sancionada luego de la reforma constitucional, con la consecuente promoción de diversas causas".
"Esta medida significa la creación de una nueva instancia por sobre los tribunales de instancia única que existen actualmente, los que pasarían así a constituir juzgados colegiados de primera instancia, lo que es una situación sin precedentes y que en la práctica trae aparejado un extenso proceso que afecta el servicio de Justicia", advirtieron el presidente de la FAM, Abel Fleming y la secretaria de la institución, Beatriz Renzi.
La federación manifestó además su preocupación respecto de que "ciertos proyectos de reformas constitucionales provinciales, así como algunos de los ya cristalizados en determinadas jurisdicciones (en referencia a la sanción de la nueva Carta Magna tucumana), tienden a una concentración de facultades en cabeza de las autoridades administrativas, en desmedro del equilibrio de los poderes del Estado y en franco avasallamiento de la independencia de los poderes judiciales". Por ello, exhortó a los poderes políticos a "garantizar el respeto irrestricto del estado de derecho, al momento de tomar decisiones destinadas a la reestructuración fundacional del Estado, como único modo de fortalecer las instituciones".
La FAM reclamó que en la conformación de los Consejos de las Magistraturas, los jueces, estén representados de manera proporcional. También consideró que la presidencia de esos cuerpos deberían ser ejercidas por los magistrados, por su conocimiento y especialidad.