Libertad de prensa cuestionada

Las relaciones entre la Justicia y la prensa atraviesan durante estos días por un período de tensión como consecuencia de la publicación por el corresponsal del "Financial Times", Thomas Catán, de una presunta tentativa de soborno por parte de uno o de varios senadores nacionales, y la decisión del juez federal Claudio Bonadío de investigar las llamadas telefónicas del periodista. La actitud del magistrado violentó el principio constitucional sobre respeto de las fuentes de información en que se asienta la libertad de prensa y, por tal causa, la Cámara Federal dispuso sumariarlo señalando, entre otras consideraciones, que "evidencia un grave desprecio por garantías constitucionales básicas".
El periodista había mantenido conversaciones con banqueros y con embajadores, ante los cuales aquellos se habrían quejado por haber sido objeto de presiones con aquel fin delictuoso para evitar la sanción de un proyecto que afectaba sus intereses empresarios. La información publicada en el diario londinense por Catán no contenía nombres, y la investigación del juez no pudo determinarlos, por lo que recurrió a la indagación de las llamadas telefónicas, a la vez que surgían contradicciones de los protagonistas del caso. La reserva de las fuentes de información por los periodistas es un principio universal que forma parte inseparable de la libertad de prensa, y así lo ha hecho valer ante el propio juez Bonadío el corresponsal del "Financial Times", al tiempo que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas manifestó en una enérgica declaración que "en modo alguno es aceptable, al menos en un estado de derecho, que para iniciar una investigación judicial se sacrifique el secreto de las fuentes informativas".
Pero ha sido la Cámara Federal la más elocuente ante la situación planteada, al calificar unas desequilibradas declaraciones periodísticas del juez, desprovistas de la prudencia que cabe esperar de un servidor de la Justicia. Declaraciones -afirman los camaristas en su resolución- que denotan "un preocupante desconocimiento de elementales principios de derecho que deberían regir su actividad cotidiana". La advertencia es de una severidad tal que resulta improbable que el magistrado pueda seguir hasta el término de su investigación sin ser impugnado por prejuicio o el "desconocimiento" en que se basa el sumario dispuesto. Pero la resolución de la Cámara introduce a la vez una precisión sugerente respecto del secreto de las fuentes de información cuando afirma que "constituye, en términos prácticos, un instrumento al servicio de la sociedad, como contenido de la forma republicana de gobierno, y no una garantía de inmunidad a favor de una determinada corporación profesional". Contrariamente a lo que podría suponerse sobre ese derecho, no se trata de una suerte de fuero o bill de indemnidad del periodismo, sino de una protección de la fuente de información donde la ética profesional desempeña un rol fundamental. La Federación Internacional de Periodistas ha declarado en ese orden que dichos profesionales "sólo aceptarán la jurisdicción de sus pares", es decir, las juntas o comisiones de conducta o ética de sus propias organizaciones, cuya presencia debería ser constante, para impedir los desvíos que dañan al propio sistema democrático.
Como ha señalado a propósito de este caso el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Robert Cox, "el periodismo y la Justicia son como un pájaro con dos alas. Si una no funciona, el pájaro no vuela".