Bajar el gasto público

Los analistas de la realidad económica de la Nación y de las provincias argentinas pueden tener una serie de diferencias en cuanto a los requerimientos necesarios para remontar la crisis en que estamos sumidos. Pero en un punto parecen estar todos de acuerdo, sin excepción, y es en la urgencia de reducir a todo trance los gastos del Estado.
Hay una evidencia incontrastable acerca de que en ese descontrol reside una de las causas decisivas de la situación actual. El Estado ha crecido inconmensurablemente, sin ningún criterio de racionalidad, y ha costeado ese crecimiento no con recursos genuinos sino a través de deudas que actualmente no se pueden pagar. Tal explosión de gastos, manifestada en multimillonarias planillas de sueldos de personal permanente o contratado, constituye la más pesada carga de las finanzas estatales.
Esa imprevisión y esa irracionalidad se han expandido a lo largo y ancho del territorio argentino. La austeridad, el criterio elemental de que no puede erogarse más allá de lo que ingresa, ha brillado por su ausencia en nuestro país. No solamente el Gobierno federal ha gastado alegremente fondos que no tiene, sino que lo mismo han hecho las provincias y los municipios, creando obligaciones cuya atención se hace cada vez más ardua. No es necesario extenderse sobre esta realidad, a la cual hemos dedicado extensos comentarios críticos en los años recientes.
Y acaso lo peor sea que, aun dentro de la dramática situación actual, no se advierte la sustitución de esa tesitura del gasto por la de la contención. Un ilustrativo ejemplo ha dado últimamente el Senado de la Nación, al restablecer subrepticiamente, en la dieta de los legisladores, un monto que en teoría habían dispuesto ahorrar.
Todo esto viene a propósito de la postura del actual ministro de Economía de la Provincia respecto del gasto público. Como lo consignamos ayer, el funcionario sostiene que el ajuste en las finanzas del Estado resulta indispensable, y que se lo debe practicar sin miramientos. No puede dejarse de compartir ese temperamento. En un Estado jaqueado por los tremendos apuros que tiene el nuestro, con su circulante enrarecido por una masa de títulos que distan de rescatarse regularmente, corresponde cuidar cada peso con la debida preocupación.
Opina el ministro que el Gobierno "debe dar gestos urgentes de racionalización del gasto público", y le asiste profunda razón. Deben terminar los "reciclajes" de funcionarios, la multiplicación del personal de gabinete, el mantenimiento de organismos colegiados y estructuras que solamente sirven para aumentar esa planilla salarial cada vez más abultada.
La cantidad de agentes del Estado, desde los altos funcionarios hasta los empleados de las más bajas categorías, es realmente impresionante. Mientras no se opere allí una drástica reducción, y se cierre realmente la posibilidad de nuevas designaciones que no sean absolutamente indispensables, no podrá empezar a dotarse de razonable normalidad al gasto público.
A estas consideraciones corresponde tenerlas muy en claro en las presentes circunstancias. Un positivo efecto lateral de tal temperamento austero sería ir restableciendo lentamente la credibilidad de la ciudadanía en las decisiones oficiales. En momentos como los que atravesamos se hace urgente que la población perciba que sus gobernantes tienen cabal conciencia del clima de dificultades, y que se cuidan de no agravarlo a través del gasto innecesario.
Hay que tener presente que ninguna estrategia que se diseñe para empezar a solucionar los apuros del Tesoro público será posible si no se basa en una tajante disminución del gasto.