Alarmante estado financiero

Es por todos conocido que, en la plaza tucumana, la moneda mayoritaria es el bono de cancelación de deudas, que existe entre nosotros desde hace ya 17 años, nada menos. Actualmente circulan bonos por valor de 169 millones de pesos, lo que ha representado prácticamente la desaparición del dinero en efectivo, que sólo puede obtenerse pagando un cuantioso desagio.
Para mantener la credibilidad del bono, el único camino era que el Estado provincial mantuviera una operatoria de canje dotada de puntualidad, cosa que no ha ocurrido: la deuda oficial al respecto está ya en los 70 millones de pesos. Esto tuvo, previsiblemente, efectos catastróficos en la vida diaria de los habitantes, forzados a afrontar grandes pérdidas para lograr el efectivo que requieren sus compromisos. En el caso de las empresas y comercios, que deben adquirir sus insumos con la divisa nacional, los resultados están a la vista.
Hemos informado sobre algunos casos inquietantes. Los supermercados han amenazado con recibir solamente un 50% de bonos de sus clientes, y acordaron con el Gobierno una tregua hasta el martes. Se cierran constantemente farmacias, imposibilitadas de reponer esos medicamentos que el público paga con títulos. Los sanatorios no pueden satisfacer los sueldos de su personal, y el sistema de salud está amenazado por el colapso.
El ministro de Economía de la Provincia sostiene que la Nación debe adquirir un compromiso cierto para enviar dinero efectivo a Tucumán, ya que es nuestro deudor de entre 130 y 140 millones por diferencias del IVA y otros impuestos, y de 320 millones por el pacto fiscal. Confía en que sus gestiones ante el Gobierno nacional puedan tener un resultado positivo.
Tal es el inquietante panorama con el cual se ha cerrado esta semana. Nos parece que, frente al este, aparece como algo de máxima urgencia la implementación de un plan coherente para enderezar las finanzas tucumanas. Hasta hoy, la estrategia parece consistir en parches y no en un criterio organizado y realista, que establezca pasos a seguir y que los cumpla. Si es necesario que convoque a las fuerzas vivas y a los expertos con que contamos (no debe olvidarse que en nuestra provincia funcionan tres universidades), para diseñar un programa que pueda tener una perspectiva cierta, se lo debe hacer de inmediato.
Sin duda que para ello deberá contarse con el sustento de un acuerdo con la Nación -que también deberá ser cumplido- pero es evidente que las cosas no pueden seguir como hasta aquí. Todos tenemos conciencia de que el momento actual es muy difícil, y que la crisis se manifiesta en todos los sectores y en todas las actividades. Pero es responsabilidad de los gobernantes poner orden en esas situaciones, afrontarlas con realismo y salir finalmente a la orilla. Hablamos de operar de acuerdo a un plan y no de salir a apagar incendios, satisfaciendo de alguna manera a quienes más presionen. Para eso existe el Estado, en última instancia, y para eso lo costeamos a través de los impuestos.
La situación actual resulta de imposible mantenimiento. Ha determinado que la provincia entera presente un alarmante estado de detención de actividades fundamentales, y se halle envuelta por una absoluta incertidumbre acerca de lo que ocurrirá en los próximos días. Mientras tanto, crecen la desocupación, la pobreza y el delito, configurando un deprimente clima social que es urgente empezar a remontar.
Pensamos que ha llegado el momento de enviar a la ciudadanía un mensaje claro desde la conducción del Estado, que infunda confianza acerca de la capacidad de nuestros gobernantes para organizar un camino que nos permita caminar en medio de la crisis. De otro modo, nos aguardan horas bastante más sombrías que las que ya vamos soportando.