Denuncian que hay 2.500 vigilantes truchos

Muchas personas sostienen que confían más en la protección que brindan los vigilantes de seguridad privada que en la de la Policía. Sin embargo, según cálculos de la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigaciones (Catesi), en Tucumán hay alrededor de 2.500 vigilantes privados que trabajan para firmas que no están habilitadas para cumplir esa función. Muchos de ellos portan armas de fuego, a pesar de que no recibieron capacitación para usarlas ni se les hicieron estudios psicológicos para saber cómo reaccionarían en una situación extrema, de acuerdo con la denuncia de los empresarios.
En la provincia hay 16 empresas de seguridad privada habilitadas y agrupadas en Catesi. Esas firmas cuentan con unos 2.000 empleados que, según dijeron las autoridades de la institución, pasaron pruebas psicológicas, físicas y de preparación técnica para hacer su trabajo.
"Calculamos que en Tucumán hay unos 2.500 hombres que trabajan de manera ilegal. Llegan a trabajar hasta 300 horas por mes a cambio de un sueldo de $ 300 ¿Qué clase de seguridad puede brindar una persona que trabaja en esas condiciones?", se preguntó el presidente de Catesi, Víctor Rubén Aráoz.
"El vigilador muchas veces se ve avasallado por los inescrupulosos que desarrollan esta actividad pagándole sueldos magros. Además, las empresas ilegales son evasoras millonarias del fisco", agregó.

Transición
Hasta el 1 de este mes, la entidad encargada de realizar los exámenes para otorgarle una habilitación al vigilante fue Catesi. Sin embargo, desde que fue reglamentada la ley 7.715, aprobada por la Legislatura en agosto, esa potestad pasó al Ministerio de Seguridad. Lo mismo sucedió con el poder para habilitar a las empresas; antes estaba en manos de la Dirección de Inspección de Empresas de Seguridad y Vigilancia, que depende de la Policía.
En este momento, la potestad de los controles se encuentra en una zona legal gris. Sucede que desde el 1 de diciembre, cuando la reglamentación fue publicada en el Boletín Oficial, se otorgó un plazo de 180 días para que se concrete la transición.
Altas fuentes de la Dirección de Inspección de Empresas de Seguridad y Vigilancia admitieron, en estricto off the record, que la actividad de las empresas de vigilancia privada truchas es rentable y que hay quienes se dedican a explotarla, pero negaron que sean tantos -como asegura Catesi- los vigilantes no habilitados.
El ministro de Seguridad, Mario López Herrera, fue contundente: "si los empresarios aseguran que hay firmas ilegales, que las denuncien. Nosotros no recibimos ninguna denuncia". El funcionario dijo que durante el plazo de 180 días las empresas deberán inscribirse en el Ministerio. Si no lo hacen, no podrán brindar el servicio.