Emergencia en servicios públicos

El Poder Ejecutivo Nacional ha debido suspender la serie de audiencias públicas para definir nuevas tarifas de servicios como consecuencia de un fallo en lo Contencioso Administrativo Federal promovido mediante una acción cautelar de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y por organizaciones de consumidores. La decisión judicial ha prohibido al Gobierno central realizar todo tipo de ajuste tarifario en los servicios públicos por afuera del proceso de renegociación de los contratos de concesión con las empresas concesionarias. La primera de esas audiencias debió concretarse en los recientes días con la del sector eléctrico, seguida sucesivamente por las de gas, la de peajes, la de teléfonos y la del agua.
La instancia de apelación abierta rápidamente por el Ministerio de Economía, que no comparte el criterio judicial, implicará necesariamente la prolongación de un litigio con significativas repercusiones económicas y también políticas. Ello es así en la medida en que concierne a la calidad y al costo de los servicios públicos privatizados, como asimismo a los intereses de inversores extranjeros cuyos países integran el influyente Grupo de los 7.
El planteamiento inicial de esas negociaciones partía, por el lado de las concesionarias, de solicitudes de aumentos tarifarios de entre 20 y 150%. Por su parte, el Gobierno nacional adelantó que no pasarán del 10%, además de anticipar tarifas sociales para consumos menores. De acuerdo con la Ley de Emergencia vigente como consecuencia de la crisis, las audiencias públicas deben ser el corolario de la renegociación de los contratos y no a la inversa, argumento en el que se basó la jueza María Rodríguez Vidal con un objetivo razonamiento jurídico inmune a las complejas dificultades económicas, sociales y políticas que debe sortear el Poder Ejecutivo Nacional para mantener el precario status de la transición.
Esas situaciones conciernen a 59 contratos; más de la mitad de las accionistas de esos contratos son extranjeros, que han planteado ya presentaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas, competente en dichas diferencias. Pero en lo inmediato seguramente apremia aún más el riesgo que corre la calidad de algunos servicios por efecto de los 1.500 millones de dólares en deudas externas de las empresas, que repercuten en las prestaciones por falta de insumos, con la contraparte política de la pesada carga social que representa un aumento tarifario.
Dos factores muy negativos están gravitando sobre el conocimiento correcto, por parte la opinión pública, de la naturaleza y la dimensión del problema expuesto. Uno de ellos es la persistente costumbre de atribuir los debates judiciales que afectan a la gestión gubernamental a las diferencias que suscita el intento parlamentario de juzgar políticamente a los ministros de la Corte Suprema. Algo que por cierto en este caso, como en otros, no se corresponde con su manifiesta razonabilidad y con un legítimo acto de independencia de la Justicia.
Otra circunstancia reprobable es la pretensión de grupos ideologizados -cuando no xenófobos- que aprovechan la situación para proponer el retorno de los servicios al Estado, haciendo caso omiso de la extraordinaria experiencia de una década de recuperación, como de la notoria incapacidad y de la evidente falta de recursos que precisamente se imputa al sector público.
Como ya se ha señalado aquí en anteriores ocasiones, la moderación y el sentido común deben ser la sustancia de este debate por parte del Gobierno y de las empresas para atender no sólo los requerimientos sociales, sino los de una economía productiva para la que esos servicios son motores ineludibles.