A seis meses de la sanción de la nueva Constitución provincial, no hay a la vista ninguna posibilidad de que la Justicia resuelva, hasta fin de año, alguna de las causas en las cuales se objeta su plena puesta en vigencia.
El estado procesal de los distintos expedientes da por tierra con la expectativa generada en diversos ámbitos políticos y tribunalicios (incluso en la propia Corte Suprema de Justicia de la Provincia) de contar con un fallo sobre la constitucionalidad de la reforma, y así tener claridad institucional acerca de su futuro.
La idea era empezar 2007 (año electoral) con un panorama más claro; en cambio, ahora cualquier clase de definición deberá esperar hasta más allá de febrero para obtener una primera sentencia. Aunque queda abierta la posibilidad para que cualquiera de las partes la apele ante la Corte, paso que se da por descontado sea cual fuese la orientación del pronunciamiento.
El planteo más avanzado es el del Colegio de Abogados (primero que se presentó), radicado en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que conforman Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo. Los letrados cuestionaron el Consejo Asesor de la Magistratura (la integración del CAM está paralizada por una disposición judicial), el Jurado de Enjuiciamiento (JE) y la enmienda por vía legislativa.
El último avance registrado fue que la institución pidió que se declare a la cuestión de puro derecho, lo que agilizaría su definición y simplificaría el debate.
En esta semana, se notificará al Gobierno de este pedido. El Poder Ejecutivo dispondrá de cinco días hábiles para manifestar su conformidad o su disidencia, lo que empuja la respuesta hasta las vísperas de año nuevo.
Antes de resolver sobre las quejas de los abogados, los magistrados tienen que decidir si se acumulará en ese expediente la demanda que presentaron cinco partidos de oposición.
La causa fue iniciada por el entonces titular de Ciudadanos Independientes, Roberto Sobre Casas (actualmente lo es Rodolfo Danesi), Esteban Jerez (Ciudadanos Contra la Corrupción), Liliana Signorelli de Aráoz (Acción por la República), María Victoria Bestani (Movimiento Provincias Unidas) y Martín Méndez Uriburu (PRO). Otros seis partidos (UCR, Movimiento Popular 3 Banderas, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Concertación Arista y Nuevo Partido), comparten acciones políticas con ese grupo, pero no se sumaron en la causa judicial.
De hecho, el conductor del MP3, el legislador Alejandro Sangenis, impulsa su propio planteo en contra de la reforma (ver "El Gobierno....").
La acumulación fue dispuesta por los camaristas Enrique Guibert y Salvador Ruiz, quienes entendieron que existe conexidad sustancial en los dos expedientes. Por ello, opinaron que debe fallar un mismo tribunal, para evitar que se produzcan sentencias contradictorias.
Sin avances
Los dirigentes opositores objetan el CAM, el JE, la enmienda, la nueva Junta Electoral, el sistema electoral de acople y la mayoría diferenciada para la destitución del gobernador y del vice, entre otros puntos. En una reciente ampliación, Bestani resaltó "la falta de independencia de los convencionales, sin respeto al disenso ni a las minorías, lo que deslegitima y torna nula la Constitución sancionada a través de una parodia de deliberación democrática".
Este pedido de inconstitucionalidad no registra avances hasta ahora. Los magistrados que intervinieron originalmente no resolvieron sobre el pedido de cautelar para que se suspenda la ejecutividad de los artículos objetados (abarcaría nueva parte de la reforma política), la anotación de la litis en todos los organismos cuestionados, ni corrieron traslado de la demanda al Gobierno.
El estado procesal de los distintos expedientes da por tierra con la expectativa generada en diversos ámbitos políticos y tribunalicios (incluso en la propia Corte Suprema de Justicia de la Provincia) de contar con un fallo sobre la constitucionalidad de la reforma, y así tener claridad institucional acerca de su futuro.
La idea era empezar 2007 (año electoral) con un panorama más claro; en cambio, ahora cualquier clase de definición deberá esperar hasta más allá de febrero para obtener una primera sentencia. Aunque queda abierta la posibilidad para que cualquiera de las partes la apele ante la Corte, paso que se da por descontado sea cual fuese la orientación del pronunciamiento.
El planteo más avanzado es el del Colegio de Abogados (primero que se presentó), radicado en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que conforman Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo. Los letrados cuestionaron el Consejo Asesor de la Magistratura (la integración del CAM está paralizada por una disposición judicial), el Jurado de Enjuiciamiento (JE) y la enmienda por vía legislativa.
El último avance registrado fue que la institución pidió que se declare a la cuestión de puro derecho, lo que agilizaría su definición y simplificaría el debate.
En esta semana, se notificará al Gobierno de este pedido. El Poder Ejecutivo dispondrá de cinco días hábiles para manifestar su conformidad o su disidencia, lo que empuja la respuesta hasta las vísperas de año nuevo.
Antes de resolver sobre las quejas de los abogados, los magistrados tienen que decidir si se acumulará en ese expediente la demanda que presentaron cinco partidos de oposición.
La causa fue iniciada por el entonces titular de Ciudadanos Independientes, Roberto Sobre Casas (actualmente lo es Rodolfo Danesi), Esteban Jerez (Ciudadanos Contra la Corrupción), Liliana Signorelli de Aráoz (Acción por la República), María Victoria Bestani (Movimiento Provincias Unidas) y Martín Méndez Uriburu (PRO). Otros seis partidos (UCR, Movimiento Popular 3 Banderas, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Concertación Arista y Nuevo Partido), comparten acciones políticas con ese grupo, pero no se sumaron en la causa judicial.
De hecho, el conductor del MP3, el legislador Alejandro Sangenis, impulsa su propio planteo en contra de la reforma (ver "El Gobierno....").
La acumulación fue dispuesta por los camaristas Enrique Guibert y Salvador Ruiz, quienes entendieron que existe conexidad sustancial en los dos expedientes. Por ello, opinaron que debe fallar un mismo tribunal, para evitar que se produzcan sentencias contradictorias.
Sin avances
Los dirigentes opositores objetan el CAM, el JE, la enmienda, la nueva Junta Electoral, el sistema electoral de acople y la mayoría diferenciada para la destitución del gobernador y del vice, entre otros puntos. En una reciente ampliación, Bestani resaltó "la falta de independencia de los convencionales, sin respeto al disenso ni a las minorías, lo que deslegitima y torna nula la Constitución sancionada a través de una parodia de deliberación democrática".
Este pedido de inconstitucionalidad no registra avances hasta ahora. Los magistrados que intervinieron originalmente no resolvieron sobre el pedido de cautelar para que se suspenda la ejecutividad de los artículos objetados (abarcaría nueva parte de la reforma política), la anotación de la litis en todos los organismos cuestionados, ni corrieron traslado de la demanda al Gobierno.
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