15 Diciembre 2006 Seguir en 
La defensa de las ex religiosas detenidas e imputadas por la desaparición de la docente Angela Beatriz Argañaraz pidió hoy la nulidad del requerimiento de elevación a juicio oral de la causa, así como el sobreseimiento de las acusadas.
El abogado Gustavo Morales solicitó al juez de Instrucción Alfonso Zotoli que disponga la nulidad del requerimiento efectuado el lunes por la fiscal Adriana Giannoni contra Nélida Fernández y Susana Acosta, actualmente con prisión preventiva, bajo los cargos de homicidio agravado con enseñamiento y alevosía.
La justificación
"Del contexto probatorio no surgen elementos incriminatorios contra mis clientas. No hay un solo testigo que haya visto u oído que Argañaraz fuera trasladada desde el departamento de mis defendidas a ningún lado", aseveró el letrado.
Morales, que efectuó cuatro planteos de nulidad contra el pedido de elevación a juicio y que requirió el sobreseimiento de sus clientas, destacó que, pese a que la fiscal habla de alevosía y premeditación, "no precisa dónde ni cómo surge eso".
"Además de los defectos formales, como las equivocaciones en las notificaciones, es evidente que la fiscal cedió a las presiones de los familiares de Argañaraz para pedir la elevación a juicio oral de la causa", subrayó el letrado.
Evaluación
Ahora, el juez Zotoli deberá resolver el requerimiento de la fiscal, así como los planteos de la defensa y, en todos los casos, lo que decida podrá ser recurrido ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán, que actúa en el fuero penal.
Paralelamente, la Policía se desplazó hoy a San Andrés, localidad ubicada a 15 kilómetros de la capital, porque un obrero denunció el hallazgo de restos óseos; como consecuencia y frente a la posibilidad de que fueran humanos les harán las pericias y las pruebas de ADN para determinar si corresponden a Argañaraz.
Las únicas detenidas por la desaparición de Argañaraz, Acosta y Fernández, son ex novicias que estaban ligadas a la misma congregación religiosa (los franciscanos) en la que prestaba servicios la docente, quien fue vista por última vez el 31 de julio.
Una de las hipótesis de la fiscal es la de una diferencia laboral entre las imputadas y Argañaraz, que estaba por ser designada directora del colegio Padre Roque Correa, en el que Acosta era secretaria y con cuya área de pastoral había colaborado Fernández años atrás. (Télam)
El abogado Gustavo Morales solicitó al juez de Instrucción Alfonso Zotoli que disponga la nulidad del requerimiento efectuado el lunes por la fiscal Adriana Giannoni contra Nélida Fernández y Susana Acosta, actualmente con prisión preventiva, bajo los cargos de homicidio agravado con enseñamiento y alevosía.
La justificación
"Del contexto probatorio no surgen elementos incriminatorios contra mis clientas. No hay un solo testigo que haya visto u oído que Argañaraz fuera trasladada desde el departamento de mis defendidas a ningún lado", aseveró el letrado.
Morales, que efectuó cuatro planteos de nulidad contra el pedido de elevación a juicio y que requirió el sobreseimiento de sus clientas, destacó que, pese a que la fiscal habla de alevosía y premeditación, "no precisa dónde ni cómo surge eso".
"Además de los defectos formales, como las equivocaciones en las notificaciones, es evidente que la fiscal cedió a las presiones de los familiares de Argañaraz para pedir la elevación a juicio oral de la causa", subrayó el letrado.
Evaluación
Ahora, el juez Zotoli deberá resolver el requerimiento de la fiscal, así como los planteos de la defensa y, en todos los casos, lo que decida podrá ser recurrido ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán, que actúa en el fuero penal.
Paralelamente, la Policía se desplazó hoy a San Andrés, localidad ubicada a 15 kilómetros de la capital, porque un obrero denunció el hallazgo de restos óseos; como consecuencia y frente a la posibilidad de que fueran humanos les harán las pericias y las pruebas de ADN para determinar si corresponden a Argañaraz.
Las únicas detenidas por la desaparición de Argañaraz, Acosta y Fernández, son ex novicias que estaban ligadas a la misma congregación religiosa (los franciscanos) en la que prestaba servicios la docente, quien fue vista por última vez el 31 de julio.
Una de las hipótesis de la fiscal es la de una diferencia laboral entre las imputadas y Argañaraz, que estaba por ser designada directora del colegio Padre Roque Correa, en el que Acosta era secretaria y con cuya área de pastoral había colaborado Fernández años atrás. (Télam)
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