El policía del caso Bravo no irá a prisión

CONCEPCION.- El sargento Domingo Pascual Aparicio, tras escuchar la condena, aflojó la rigidez que cargó su cuerpo en las horas previas, llenas de tensión e incertidumbre, y lanzó un suspiro de alivio.
Había zafado de su peor temor: ir a la cárcel. El tribunal de la Cámara Penal Sala II lo condenó a tres años de prisión en suspenso y a uno de inhabilitación para ejercer cargos públicos, al encontrarlo culpable de los delitos de homicidio culposo y violación a los deberes de funcionario público, de los que resultó víctima el bioquímico de La Cocha, Luis Gerardo Bravo.
Además lo absolvió del cargo por falso testimonio. La decisión fue emitida con el acuerdo de los vocales Diego Vital Graneros (presidente) y Carlos Pellegri, mientras que Carlos Meschwitz votó en disidencia con la condena por homicidio culposo.
Aparicio, así las cosas, sería el primer policía que en el sur tucumano recibe una condena de ese tipo por incurrir en delitos perpetrados durante el ejercicio de su función.

La caída en el torrente
Bravo, de 57 años, murió alrededor de las 7 de la mañana del 8 de marzo de 2000 al caer con su auto VW Gol rojo al arroyo El Sueño. No sabía que el puente, poco antes, había sido arrasado por una creciente. La víctima iba rumbo al hospital de Los Altos, donde prestaba servicio. Aparicio había sido enviado por sus superiores a la salida de La Cocha con la obligación de advertir a los automovilistas sobre el peligro.
Pero por una negligencia que no quedó en claro, el policía -según el informe de la Fiscalía que instruyó la causa- "no detuvo al bioquímico, y lo que fue peor, negó que haya pasado por su control, entorpeciendo la labor de rescate".
Al cederle el tribunal la oportunidad de la última palabra, el uniformado insistió en sostener su inocencia. "Soy inocente. El señor Bravo no pasó por mi puesto. Cumplí con mi función lo más honestamente posible", aseveró. El defensor de Aparicio, Juan Robles, por su parte, no descartó apelar la condena. "Vamos a seguir bregando por la inocencia de mi defendido", sostuvo.
La fiscal Cecilia Tasquer de Villaluenga había pedido 7 años de prisión efectiva por los delitos de "homicidio culposo en concurso real por violación a los deberes de funcionario público y falso testimonio". Los abogados de la querella, Luis Acosta y Enrique Martínez, pidieron que se lo condene por homicidio simple y falta a los deberes de funcionario. Y consideraron que hubo abandono de persona. "En este caso se montó una trama de impunidad que es necesario desbaratar. ¿Por dónde pasó Bravo si no fue por la ruta que lo hacía siempre? Hoy tenemos una víctima pese a que se sostiene que todo se hizo bien", dijo Acosta en su alegato. Robles, a su turno, insistió en que no existe ninguna prueba para condenar con certeza a Aparicio. "La doctrina del chivo expiatorio se procura imponer aquí porque se dijo que debe haber medidas ejemplificadoras y se pidió nada menos que 7 años de prisión", indicó. (C)