El tope de $ 3.100 no invita a jubilarse

Los camaristas laborales José Antonio Barrozo y Luis Enrique Roque Antoni, que iniciaron los trámites para jubilarse, destacaron los beneficios de la Ley 24.018. Esta permite que los magistrados provinciales, cuando se retiren, gocen de un haber equivalente al 82% del que perciben los que continúan en actividad, como ya sucede en la Justicia Federal. Hasta que Tucumán se adhirió a la norma, regía la Ley 24.241, que había establecido un tope de $ 3.100 para los pasivos.  
Barrozo fue terminante. “La norma posibilita la renovación, que beneficia sólo a la administración de Justicia. Hoy, en cambio, si un juez gana $6.000 y, por la Ley 24.241, la jubilación le reduce los ingresos a $ 3.100, no se jubila y sigue en el cargo hasta que se muere, pues tiene compromisos familiares, personales o gastos en su vida normal que debe afrontar”, expresó.
Mientras tanto, Antoni negó que la Ley 24.018 conlleve un privilegio a favor de los jueces. “La norma contiene obligaciones y deberes hacia la comunidad y sus destinatarios que no tienen otros ciudadanos. El jubilado magistrado tiene incompatibilidad absoluta para desarrollar el comercio y cualquier otro tipo de actividad privada, como ejercer la profesión de abogado. Y si es citado a cubrir interinamente el cargo que ocupaba y no lo hace, le suspenden los beneficios jubilatorios; es decir, sólo puede ejercer la docencia o tareas ad honorem”, explicó.  
Asimismo, Antoni recordó que en la provincia hubo planes de retiro voluntario para quienes tenían 25 años de servicio en el Poder Ejecutivo o en los organismos descentralizados. Agregó que no fijaban límites de edad ni incompatibilidades para ejercer el comercio, una actividad o profesión (abogacía, medicina, ingeniería, etcétera), u ocupar cargos públicos o privados. “Siempre se excluyó de aquellos planes al Poder Judicial, por lo que hubo empleados con 40 años de servicio que murieron antes de jubilarse”, señaló.