"No puede haber un vacío judicial ni por un día"

La aplicación de la Ley 24.018, a la que se adhirió recientemente la Provincia y que permite que los jueces se jubilen con el beneficio del 82% móvil, despertó el temor de que haya retiros masivos. A ello hay que sumar que hay una controversia judicial -no resuelta aún- acerca del sistema de designación de magistrados establecido por la reforma constitucional. No obstante, dos camaristas laborales advirtieron que no tiene por qué haber miedo a una suerte de vacío, porque la propia Ley 24.018 prevé un sistema de interinato hasta que se cubran definitivamente las vacancias que pudieran existir.
Luis Enrique Roque Antoni, vocal de la sala V de la Cámara del Trabajo, argumentó que la solución está en el artículo 16 de la mencionada norma. Este establece que los magistrados o funcionarios (que se jubilan) conservan el estado judicial, razón por la que pueden ser llamados a ocupar transitoriamente sus antiguos cargos en caso de que se produjera una suspensión, licencia o vacancia. "Por esto, no puede haber vacío ni por un solo día", enfatizó el camarista.
Luego, el magistrado recordó que en la Justicia Federal, por ejemplo, hay actualmente dos casos de subrogancias. Daniel Bejas ocupa interinamente el cargo que dejó Oscar Emilio Sarrulle en el Tribunal Oral en lo Criminal (hasta que concluya el concurso en marcha, del que saldrá el nuevo vocal titular) y Mario Racedo reemplaza al destituido Felipe Terán en el juzgado número dos. En ambos casos, fueron giradas ternas con nombres al Consejo de la Magistratura de la Nación, que escogió a uno de los propuestos.
Pero no habiendo un Consejo de la Magistratura en Tucumán (la integración de este está controvertida judicialmente), ¿cuál sería el órgano encargado de cubrir la vacancia? Frente a esta pregunta, Antoni arriesgó una respuesta que calificó de estrictamente personal. "Puede hacerlo el Poder Ejecutivo por un decreto de necesidad y urgencia, pues el interinato no es una cuestión constitucional, sino legal. Pero también podría hacerse por medio de una ley provincial, porque no se trata de una cuestión que esté pendiente de una resolución judicial. Sobre este tema válidamente pueden ser muchas las opiniones diferentes, pues no está previsto: es una laguna del derecho".

En sentido concordante
José Antonio Barrozo, vocal de la sala VI de la misma Cámara, se pronunció en el mismo sentido que su colega. "Hoy, frente a una vacancia por jubilación, enfermedad, muerte o simple suspensión del magistrado, el despacho queda sin juez hasta que se nombra con propiedad al reemplazante, lo que puede demorar un año o más tiempo. Como consecuencia, hay un juez menos, la partida presupuestaria asignada al cargo se devuelve, no se administra justicia y no se beneficia nadie; sólo se perjudica el sistema", destacó.
En segundo lugar, el camarista efectuó otra observación. "Un magistrado en condiciones de hacerlo, se acoge al sistema jubilatorio y, mientras tanto, puede eventualmente cubrir en forma interina el cargo sin que se resienta la administración de justicia. Y, al mismo tiempo, se va produciendo la renovación del Poder Judicial, porque un funcionario, magistrado o abogado no deben esperar a que se muera el titular para ascender o para ingresar a la Justicia", concluyó.




El 1 de diciembre, la Legislatura sancionó la Ley 7.853, que fue publicada cinco días después en el Boletín Oficial. La norma ratificó el acta complementaria que habían suscripto el gobernador José Alperovich y el presidente Néstor Kirchner, y que permitía que los magistrados y funcionarios judiciales de la Provincia se acogieran al régimen previsional establecido por la Ley 24.018 para la Justicia Federal y Nacional.
De acuerdo con la norma provincial, que remite a la nacional, podrán jubilarse con el 82% móvil desde los vocales de la Corte Suprema hasta los prosecretarios de categoría "D" y jueces de paz. Actualmente, estarían en condiciones de acogerse a la jubilación 60 magistrados y 200 funcionarios. Como el Colegio de Abogados cuestionó judicialmente los artículos de la Constitución que establecen el sistema de selección y remoción de los jueces (sobre el tema aún no hay una resolución de fondo), se instaló el temor en la sociedad de que el retiro en masa de unos 60 magistrados podría poner en crisis la administración de Justicia.