El presidente de la convención provincial de la UCR, Ariel García, promovió una querella criminal por injurias contra el gobernador José Alperovich. El dirigente había intimado al mandatario el 24 de noviembre, por carta documento, para que rectificara los dichos en los que lo involucraba como uno de los ñoquis de la Legislatura.
García sostuvo que las aseveraciones de Alperovich fueron indignantes y lesivas contra su honor. Precisó que, efectivamente, es empleado del Poder Legislativo, pero no con una designación simple: se desempeña como secretario administrativo y político del bloque Unión Cívica Radical, que preside el legislador Roberto Palina.
Precisamente, ofreció como testigos de su efectiva prestación de servicios a Palina; a los otros dos parlamentarios del radicalismo, José Cano y Juan Robles; al titular de la bancada del PJ, Rodolfo Ocaranza; al presidente subrogante de la Cámara, Fernando Juri Debo; y al propio vicegobernador, Fernando Juri.
Como Alperovich goza de privilegios procesales por su cargo, García solicitó que, previo al traslado de la demanda al gobernador, se notifique a la Legislatura y se remitan copias de la querella a la comisión de Juicio Político. La finalidad es que el mandatario sea despojado de su inmunidad, para lo cual debe ser destituido.
García sostuvo que las aseveraciones de Alperovich fueron indignantes y lesivas contra su honor. Precisó que, efectivamente, es empleado del Poder Legislativo, pero no con una designación simple: se desempeña como secretario administrativo y político del bloque Unión Cívica Radical, que preside el legislador Roberto Palina.
Precisamente, ofreció como testigos de su efectiva prestación de servicios a Palina; a los otros dos parlamentarios del radicalismo, José Cano y Juan Robles; al titular de la bancada del PJ, Rodolfo Ocaranza; al presidente subrogante de la Cámara, Fernando Juri Debo; y al propio vicegobernador, Fernando Juri.
Como Alperovich goza de privilegios procesales por su cargo, García solicitó que, previo al traslado de la demanda al gobernador, se notifique a la Legislatura y se remitan copias de la querella a la comisión de Juicio Político. La finalidad es que el mandatario sea despojado de su inmunidad, para lo cual debe ser destituido.








