En el mayor silencio, piden la elevación a juicio de la causa

Los informes preliminares de los peritos fueron contundentes. Los restos óseos encontrados en un paraje conocido como "Ciudad Oculta", de Yerba Buena, no son de Angela Beatriz Argañaraz. Al mismo tiempo, trascendió que mañana se notificará que la fiscal VIII Adriana Giannoni (secretaría de Norma Díaz Volachec) pidió la elevación a juicio de la causa.
La odontóloga María Teresa Banegas, después de comparar las piezas dentarias encontradas con el odontograma de la docente desaparecida, determinó que no es Betty. Paralelamente, los médicos Julio César González, Camilo López y Ramón Tolosa llegaron a la conclusión que los huesos habían permanecido en ese lugar por lo menos cinco años.
Los profesionales, según confirmaron varias fuentes, determinaron que los restos óseos pertenecen a una mujer madura. Descartaron además que puede haber sido utilizado por estudiantes de Medicina. "No tienen las incisiones que se realizan para que puedan ser manejados", explicó un vocero de la fuerza.
La fiscal, cuando mañana le entreguen oficialmente el informe, decidirá cuáles pasos seguirá en relación con este hallazgo. Al estar ella de turno cuando fueron descubiertos, su misión ahora consistirá en tratar de averiguar a quién pertenecen esos restos.
De acuerdo con la versión oficial, Giannoni pedirá que a los restos encontrados se les realice una pericia de ADN para poder compararlos con los de otra persona que se halle desaparecida.

Sorpresa
A pesar de que la Justicia hizo un gran esfuerzo para evitar que trascendiera, se supo que la fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa. En el planteo, solicitó que las ex novicias Nélida del Valle Fernández y Susana Acosta sean acusadas de homicidio agravado. También dejó reserva para acusar a José Luis Fernández cuando se presente o sea capturado, ya que se encuentra prófugo de la Justicia desde hace varios meses.
La fiscal decidió imputarles este delito al considerar que actuaron con ensañamiento y alevosía. También sospecha que el crimen fue premeditado. En caso de que sean encontradas culpables por el tribunal que las enjuiciará, podrían recibir reclusión perpetua.
A partir de ese momento, Gustavo Morales, defensor de los acusados, y Leonardo Coria y Carlos Picón, representantes de la familia Argañaraz, tendrán tres días hábiles para oponerse a la solicitud realizada por la investigadora del caso. La última palabra la tendrá el juez Alfonso Zotoli (secretaría de Diego López Avila). Si es que no hubiera planteos en contra de la solicitud, situación que es muy poco probable, el magistrado podrá aceptar total o parcialmente el pedido de Giannoni. De allí se decidirá -mediante sorteo- qué Sala Penal se encargará de enjuiciar a las acusadas. El proceso, con seguridad, se definirá el próximo año.