Una situación que no tiene precedentes

Lo que sucede actualmente no tiene precedentes en la historia de la Justicia Federal de Tucumán.
Quien estaba a cargo del juzgado federal número dos, Felipe Terán, el 18 de octubre fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que lo encontró responsable de mal desempeño en la tramitación de causas vinculadas a títulos de la deuda pública.
Además, en la órbita penal, el ex magistrado está procesado y le trabaron un embargo sobre sus bienes por $ 700.000 en la causa “Borquez”, en la que se investiga una supuesta tentativa de defraudación contra el Estado nacional. A ello hay que sumar que Terán está imputado en otro expediente (“Camandona”), por un presunto delito similar, y el 27 del corriente deberá comparecer a prestar declaración indagatoria ante su reemplazante provisorio, Mario Racedo.
A su vez, con la nueva, sobre el titular del juzgado federal número uno, Jorge Parache, pesan dos imputaciones penales bajo el mismo cargo: presunta participación necesaria en una supuesta defraudación contra el erario. Antes que por la causa “Scaravilli López” (ver “Segunda...”), el fiscal federal Carlos Brito había requerido a Racedo que lo citara a prestar declaración indagatoria por el expediente “Taranto”. El juez subrogante aún no ha resuelto este primer pedido.

Modificación procesal
Cuando, finalmente, se presentó a declarar por “Borquez”, Terán ya había sido removido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; por ende, ya era un simple ciudadano. Parache, en cambio, podría ser llamado a una declaración indagatoria, pese a ser juez.
La Ley 25.320 (denominada de Fueros o “Carrió”), de setiembre de 2000, a fin de facilitar la investigación del presunto pago de coimas en el Senado para la aprobación de un proyecto de flexibilización laboral, introdujo una importante modificación en materia procesal respecto de quienes gozan de prerrogativas constitucionales (por ejemplo, los jueces).
La norma establece que, cuando se impute la comisión de un delito a un legislador nacional, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el proceso penal puede continuar hasta su definitiva conclusión. Pero la ley también aclara que si, habiendo sido citado, el imputado no concurre voluntariamente, sólo se lo podrá obligar a que comparezca si media desafuero o remoción.
Como consecuencia, eventualmente, si Racedo citara a Parache y este no lo hiciera, el primero debería pedir al Consejo de la Magistratura de la Nación que impulsara un proceso de destitución en contra del juez federal número uno. Pero, coincidentemente, en la comisión de Acusación y Disciplina del Consejo existe en marcha un avanzado sumario contra Parache.
El objetivo de las actuaciones es determinar si, como sucedió en el caso de Terán, el juez Parache incurrió en alguna causal que obligue al Consejo a suspenderlo y a someterlo a un proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El fiscal Carlos Brito cuestionó que el magistrado Jorge Parache haya omitido toda consideración sobre la adquisición y tenencia de los títulos por parte de Alberto Scaravilli López, más teniendo en cuenta que en la demanda se había accionado por Bontes 02 y luego se aclaró que era por Bontes 03. “Esto, por lo menos, debió alertar al juez respecto de la fecha de adquisición. Tal omisión en la constatación evidencia que el magistrado conocía y participaba con su actividad dolosa de la maniobra que se estaba perpetrando”, afirmó el funcionario judicial.
Brito agregó que Parache, para dictar la medida cautelar, se centró en que Scaravilli afirmaba tener una enfermedad de larga data. No obstante, recordó que en el juicio “Ponce de León, Flavia vs. Estado nacional s/acción de inconstitucionalidad”, la demandante había solicitado con urgencia el dictado de una medida cautelar, porque consideraba indispensable contar con el dinero que le adeudaba el Estado (léase títulos públicos) para poder tratar su estado de salud. “El juez proveyó el 21 de mayo de 2004: ‘previamente acredite la urgencia en el dictado de la medida…’, demostrando el disímil tratamiento en cuestiones análogas y resaltando con nitidez las diferentes actitudes jurisdiccionales, en las que el interés aparece como la medida de la acción”, dijo Brito.

La causa “Scaravilli López” había cobrado trascendencia el 24 de agosto. Ese día, la Cámara Federal de Apelaciones revocó la medida cautelar -lo mismo hizo respecto de otros dos expedientes- que había dispuesto el juez federal Jorge Parache en contra del fisco. Lo hizo por considerar que los títulos públicos, presuntamente, habían sido adquiridos por Alberto Scaravilli López después del “default” de diciembre de 2001 y porque no se había individualizado con precisión la especie de bonos o la cantidad respecto de los cuales se pretendía que el Estado se abstuviera de concretar la pesificación.
Al mismo tiempo, el tribunal ordenó la instrucción de un sumario para determinar por qué se había extraviado el expediente (fue reconstruido) y para establecer, eventualmente, las responsabilidades administrativas o penales que correspondieran. Esto es algo que se efectivizó por medio de una resolución del presidente de la Cámara Federal, Raúl David Mender.
El fiscal federal Carlos Brito señaló que el extravío está relacionado con el delito que se investiga. “La desaparición del expediente judicial constituye un elemento más en la actividad dolosa desplegada por la organización delictiva, con la única finalidad de defraudar al Estado nacional”, concluyó.