Segunda imputación contra el juez Parache

“Al magistrado se le imputa su participación necesaria en la confabulación desplegada para defraudar al Estado nacional, ya que sin la actividad jurisdiccional ejercitada por el juez no se hubiese podido cometer el delito”. A esta conclusión llegó el fiscal federal Carlos Brito para requerir que Jorge Parache, titular del juzgado federal número uno, sea citado a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investiga el pago de $ 1,2 millón a Alberto Domingo Scaravilli López, que en 2004 había iniciado una demanda contra la normativa que pesificó los títulos de la deuda pública como consecuencia de la declaración, de diciembre de 2001, de que la Argentina había entrado en cesación de pagos (“default”) tras la salida de la convertibilidad.
Se trata del segundo requerimiento de Brito contra Parache sobre una cuestión similar por la que ya fue destituido el titular del juzgado federal número dos, Felipe Terán. Anteriormente, el funcionario judicial habían pedido que convocaran a Parache bajo el mismo cargo por la causa “Taranto”, en la que el Estado abonó otro $ 1,3 millón, pero el pedido aún no fue resuelto por el juez federal subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán).
Brito también solicitó que sean citados como imputados Scaravilli López y el abogado César Roque Paliza (h) -era el apoderado de aquel, aunque luego manifestó que le habían revocado el poder-, como presuntos autores del delito que se investiga. El letrado ya afronta actuaciones ante el Tribunal de Etica y Disciplina del Colegio de Abogados.

El origen
El 6 de octubre de 2004, Scaravilli López, con Paliza (h) como apoderado, interpuso una demanda contra el Estado y pidió que fuera declarada inconstitucional la normativa que había pesificado los bonos (a 1,4 más CER por dólar).
En seis pasajes del escrito, según Brito, se aclaraba que el demandante era tenedor de Bontes 02. No obstante, siete días más tarde, el 13 de octubre, Paliza (h) adjuntó la documentación probatoria (otorgada por la Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán) de la tenencia de los títulos, que luego el fiscal corroboró que habían ingresado a la cuenta de Scaravilli López el 5 (por un valor nominal de U$S 200.000), el 6 (por U$S 44.370) y el 7 de octubre de ese año (por U$S 105.630); en todos los casos se trataba de Bontes 03. Mientras tanto, la cuenta comitente número 26.611, a nombre de Scaravilli López, había sido abierta sólo dos días antes de la deducción de la demanda, según el requerimiento fiscal de 43 fojas.
El 14 de octubre, al otro día del escrito de Paliza (h) y sólo ocho días después de que fuera abierto el expediente (fueron cinco días hábiles), Parache ordenó al Estado que se abstuviera de pesificar los Bontes depositados en la cuenta del accionante, aunque no precisaba montos. Esto, en los hechos, implicaba la devolución según la cotización del dólar en el mercado libre (no a $ 1,4 más CER por dólar).
Frente a la medida cautelar dispuesta, el 26 de noviembre de ese año, la abogada Laura Alercia, en representación del Estado, advirtió al que los bonos habían ingresado a la cuenta de Scaravilli López con posterioridad al diferimiento de pagos (“default”) y, asimismo, pedía que la eventual acreditación de fondos se hiciera a embargo y a la orden del juzgado. No obstante, el juez no hizo lugar a la solicitud y confirmó los términos de la medida cautelar que había dictado. Finalmente, el 16 de diciembre, Scaravilli López percibió $ 1,2 millón en concepto de rentas y amortización de capital de los bonos.

Celeridad
En el requerimiento, Brito efectuó dos observaciones. En primer lugar, consultó a la Bolsa de Comercio porteña el precio de cotización de los Bontes 03 durante los días en que fueron adquiridos por Scaravilli López (se pagaba sólo $84,5 por cada U$S 100 en títulos). Como consiguiente, conjeturó que el actor invirtió $ 295.750 y, resolución del juez mediante, consiguió que el Estado le pagara $ 1,2 millón. “Obtuvo una diferencia a su favor entre lo invertido para la compra y lo percibido por la medida cautelar equivalente al 410% más que el monto empleado para adquirir los títulos, que permitieron la maniobra defraudatoria consumada”, destacó.
En segundo lugar, marcó que entre la interposición de la demanda y la liquidación sólo transcurrieron dos meses y nueve días. “La celeridad con que se actuó es demostrativa del interés de los operadores para defraudar al Estado”, concluyó.


En las ediciones del martes y del viernes, en relación con la causa “Borquez”, se consignó que, salvo en un caso, el resto de las firmas imputadas a Yolanda Borquez en el expediente civil no pertenecían a su puño y letra. Ese único caso es el de la caución juratoria que ella misma reconoció haber firmado, ya que las pericias caligráficas efectuadas por Gendarmería concluyeron que todas las otras rúbricas fueron adulteradas.

El fiscal Carlos Brito comparó las demandas y las resoluciones cautelares dictadas por los jueces Felipe Terán (fue destituido) y Jorge Parache en las causas “Acuña, Diego Rafael”, “Fernández, Floreal”, “Camandona, Julio”, “Borquez, Inés Yolanda”, “Taranto, Antonio” y “Scaravilli López, Alberto”, contra el Estado por inconstitucionalidad de la normativa que pesificó los títulos públicos. “Las demandas son semejantes, incluidas las iniciales ‘DM’, que corresponden a ‘Daniel Martín’, al pie de la última hoja de cada presentación, cambiando solamente los datos personales de los actores y las especies de títulos”, aseveró. “Resulta particularmente llamativo que las sentencias interlocutorias dictadas por jueces distintos tienen la misma redacción, iguales citas de jurisprudencia, y similares partes dispositivas (con excepción de Scaravilli López, que menciona la enfermedad configurando una variante respecto de las demás), comprobándose así la existencia de una asociación constituida con la finalidad de defraudar al Estado Nacional”, aseveró.