Hace 23 años, Raúl Alfonsín juraba como presidente. Se ponía fin así al sombrío período iniciado en 1976, en el que las libertades individuales habían estado acalladas; los partidos políticos, clausurados, y las urnas, guardadas.
En Tucumán, la vuelta simbólica a la institucionalidad la marcó la ceremonia durante la cual Fernando Riera juró como gobernador el 11 de diciembre de ese recordado 1983. Esta fue la formalización de la fiesta que en todo el país se había vivido el 30 de octubre de ese año, cuando hubo nuevamente elecciones, caracterizadas por la alta participación. Sucede que los argentinos, lejos de querer emigrar, regresaban al país por las expectativas que generaba el restablecimiento de la democracia.
No obstante, 23 años después, muchas de las ilusiones desatadas en 1983 siguen en grado de expectativa, luego de haber comprendido que la democracia es mucho más que votar periódicamente: consiste en una cultura que supone la estricta división de poderes, la alternancia en el gobierno y el respeto de los derechos de los ciudadanos.
Resulta difícil hacer un balance minucioso sobre el estado de la democracia en Tucumán y, más aún, precisar cuáles son los rasgos que la diferencian respecto de la que impera en el resto del país. No obstante, en esta provincia se dieron fenómenos -no necesariamente para destacar- que luego se registraron en otros distritos. Basta mencionar la emisión de bonos de cancelación de deudas (1987), la intervención federal de 1991 y las primeras manifestaciones de la crisis de los partidos tradicionales con la irrupción de dirigentes que no provenían de la política. Tales los casos de Ramón Ortega y de Antonio Bussi, ungidos gobernadores en 1991 y en 1995. En el caso de Bussi, con la peculiaridad de que, pese a haber manejado la provincia -de facto- entre 1976 y 1977, fue ratificado por las urnas tras el regreso de la democracia. Eso sin contar que en 2003 no pudo asumir la intendencia de esta capital, porque fue detenido -aún continúa con prisión preventiva- por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Sin pactos
La crisis de la representatividad también se manifestó en las dificultades para establecer un sistema electoral que pudiera expresar con mayor fidelidad la voluntad popular. Fue así como, para desterrar los perjuicios de las listas sábana, en las que los ciudadanos votaban sin saber quiénes eran los candidatos, se pasó al sistema de lemas. El paroxismo de esta última experiencia se produjo durante las elecciones de 2003, en que participaron 1.800 sublemas con cerca de 37.000 candidatos.
Desde 1983 y pese a que hubo dos procesos de reforma, Tucumán tampoco pudo establecer una Constitución que sea el fruto del consenso de los principales partidos. En la de 1990, el justicialismo se retiró de la Asamblea Constituyente, por lo que el texto fue prácticamente fruto de Fuerza Republicana. Esto se invirtió durante este año, ya que el oficialismo, tras la abstención de las más importantes fuerzas de la oposición, casi en soledad redactó la Carta Magna.
En Tucumán, la vuelta simbólica a la institucionalidad la marcó la ceremonia durante la cual Fernando Riera juró como gobernador el 11 de diciembre de ese recordado 1983. Esta fue la formalización de la fiesta que en todo el país se había vivido el 30 de octubre de ese año, cuando hubo nuevamente elecciones, caracterizadas por la alta participación. Sucede que los argentinos, lejos de querer emigrar, regresaban al país por las expectativas que generaba el restablecimiento de la democracia.
No obstante, 23 años después, muchas de las ilusiones desatadas en 1983 siguen en grado de expectativa, luego de haber comprendido que la democracia es mucho más que votar periódicamente: consiste en una cultura que supone la estricta división de poderes, la alternancia en el gobierno y el respeto de los derechos de los ciudadanos.
Resulta difícil hacer un balance minucioso sobre el estado de la democracia en Tucumán y, más aún, precisar cuáles son los rasgos que la diferencian respecto de la que impera en el resto del país. No obstante, en esta provincia se dieron fenómenos -no necesariamente para destacar- que luego se registraron en otros distritos. Basta mencionar la emisión de bonos de cancelación de deudas (1987), la intervención federal de 1991 y las primeras manifestaciones de la crisis de los partidos tradicionales con la irrupción de dirigentes que no provenían de la política. Tales los casos de Ramón Ortega y de Antonio Bussi, ungidos gobernadores en 1991 y en 1995. En el caso de Bussi, con la peculiaridad de que, pese a haber manejado la provincia -de facto- entre 1976 y 1977, fue ratificado por las urnas tras el regreso de la democracia. Eso sin contar que en 2003 no pudo asumir la intendencia de esta capital, porque fue detenido -aún continúa con prisión preventiva- por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Sin pactos
La crisis de la representatividad también se manifestó en las dificultades para establecer un sistema electoral que pudiera expresar con mayor fidelidad la voluntad popular. Fue así como, para desterrar los perjuicios de las listas sábana, en las que los ciudadanos votaban sin saber quiénes eran los candidatos, se pasó al sistema de lemas. El paroxismo de esta última experiencia se produjo durante las elecciones de 2003, en que participaron 1.800 sublemas con cerca de 37.000 candidatos.
Desde 1983 y pese a que hubo dos procesos de reforma, Tucumán tampoco pudo establecer una Constitución que sea el fruto del consenso de los principales partidos. En la de 1990, el justicialismo se retiró de la Asamblea Constituyente, por lo que el texto fue prácticamente fruto de Fuerza Republicana. Esto se invirtió durante este año, ya que el oficialismo, tras la abstención de las más importantes fuerzas de la oposición, casi en soledad redactó la Carta Magna.
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