Por Redacción Política
04 Diciembre 2006
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Durante lo que va de 2006, las actuaciones de la Defensoría del Pueblo de Tucumán referidas a reclamos sobre el servicio de agua potable y cloacas son, ostensiblemente, las más numerosas.
"Esto se debe, fundamentalmente, a la innovación del sistema de cobros que ha implementado la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)", explicó a LA GACETA el ombudsman, Jorge García Mena.
"Entendemos que las deudas de los usuarios con Obras Sanitarias de Tucumán (OST) están prescriptas, pero la SAT las considera deudas naturales, que deben pagar quienes las reconozcan -explicó-. Los problemas surgieron cuando, tras aplicar restricciones al suministro, intimaban al usuario a regularizar su situación. Y para refinanciarle el pasivo, lo obligaban a reconocer la deuda de la OST -describió-. La Defensoría y el Epret se pronunciaron en contra. La SAT pidió la reconsideración de la resolución del ente regulador y liberó el cobro de 8.000 deudores a estudios privados", puntualizó.
El funcionario hizo un balance de las fortalezas y las debilidades de la institución. Entre los aspectos favorables, destacó que la comunidad apela cada vez más a la Defensoría para canalizar demandas. "La entidad ganó credibilidad, a fuerza de trabajo y de obtener rango constitucional. Los funcionarios, prácticamente, deben acatar las resoluciones", enfatizó. Atienden unas 70 consultas diarias.
En cuanto a los puntos débiles, García Mena hace hincapié en que la Defensoría ni siquiera cuenta con edificio propio. Y advierte que no tiene la planta de personal es insuficiente: tiene 100 empleados.
"Tampoco contamos con un presupuesto acorde con una entidad considerada clave para la democracia", aseveró. En lo que va de 2006 se ejecutaron $ 3 millones: el 99% es para sueldos. "Hay que jerarquizar a la Defensoría, cuya función es controlar a los funcionarios y encauzar los reclamos sociales. Pero ni siquiera tenemos recursos para la difusión de los derechos ciudadanos", reclamó.
Un planteo nacional
El defensor del pueblo acaba de asumir la vicepresidencia de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Precisamente, algunas de las resoluciones de la institución tucumana trascendieron las fronteras provinciales. Fue el caso de la que reclama un reparto equitativo de los subsidios nacionales para el transporte público de pasajeros.
"Fue nuestro pronunciamiento cuando se produjo el último aumento del precio del cospel -precisó el funcionario-. El planteo correcto hubiera sido que se reclamara un reparto justo de los subsidios nacionales para el transporte público de pasajeros, que se financian con fondos que aportan todas las provincias. Porque hoy, el 87% de esos fondos queda en Buenos Aires y en Capital Federal. El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, tomó nuestro planteo y lo formuló para todo el país", concluyó.
Cuatro son los organismos de la administración pública que con más frecuencia requieren la intervención del ombudsman.
El Registro Civil: el principal reclamo es por la demora en la entrega del DNI. El trámite común lleva entre siete y ocho meses.
Rentas de la Provincia: quejas por caducidad de planes de refinanciación de deudas (hay demoras de más de un año) y por solicitudes de excención de pago del impuesto inmobiliario.
Secretaría de Políticas Sociales: las actuaciones más frecuentes refieren a solicitudes de ayuda social, como materiales de construcción, enseres domésticos y casas prefabricadas.
Caja Popular: son reiterados los planteos por demoras en los pagos de seguros de vida.
La Defensoría del Pueblo inició actuaciones de oficio, a partir de numerosos reclamos vinculados a la calidad del servicio que presta EDET. El objetivo es realizar un seguimiento pormenorizado del cumplimiento del Plan Obligatorio de Inversiones Mínimas de Emergía, al cual la empresa se comprometió. Pero, según se informó, el Ente Regulador (Epret) no contestó los pedidos de información. Frente a ello, un dictamen de asesoría recomienda dictar una resolución que exhorte al interventor del Epret, Augusto Contreras, a poner la información a disposición del ombudsman. Respecto de la descontaminación de transformadores con PCB, la Defensoría informa que sólo queda instalado en la red un transformador contaminado.
La contaminación atmosférica que genera la quema de los cañaverales y su "lluvia negra" motivaron que la Defensoría del Pueblo recomiende que se provea a la División de Fiscalización Sanitaria Ambiental del Siprosa de los recursos para poner en funcionamiento laboratorios que efectúen los muestreos de aire. A la vez, se pidió a la Dirección de Medio Ambiente que reglamente la Ley 7.460, que obliga a los ingenios a instalar dispositivos que prevengan la contaminación atmosférica en el plazo de un año.
Complementariamente, el ombudsman se expidió sobre la ley 7.459 y su reglamentación, que dispone un plan gradual de erradicación de la quema de caña en 20 años. El funcionario consideró excesivo el plazo.
La causa más invocada por la cual se solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo en materia previsional es la demora en el trámite y el otorgamiento de las pensiones no contributivas.
La mayoría de las quejas es contra la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y contra la Anses. Respecto del primer caso, en la entidad provincial destacan que se obtuvieron excelentes resultados. Pese a ello, advierten que se tiende al aumento de los reclamos y a la acentuación de las demoras en el tratamiento de los expedientes.
En cuanto a la Anses, indican que aunque se dio respuestas a algunos pedidos, nos resultados no siempre fueron satisfactorios. Especialmente, en materia de reajustes de haberes.
"A cuatro años de la aplicación del Plan de Producción Limpia, quedó demostrado que está lejos de ser la solución al problema de la contaminación en Tucumán, mientras no tenga carácter obligatorio y su incumplimiento acarree sanciones". El análisis está plasmado en un informe de la Defensoría del Pueblo sobre contaminación hídrica.
Se plantea que durante la zafra azucarera y la cítricola (que son simultáneas), se agrava la contaminación de los ríos que desembocan en el dique Frontal. Pero se advierte que el problema se repite todo el año, por los efluentes sin tratamiento que arrojan frigoríficos, papeleras, embotelladoras, textiles y empresas del sector alimenticio, energético, además de las cloacas.
"Los reclamos ante el incumplimiento de las leyes que amparan los derechos de la discapacidad demuestran que se se discrimina y se excluye a estos ciudadanos en materia social, política, laboral, cultural, económica y de salud", afirman las abogadas Silvina Heredia y Maria Teresa Ivankow, asesoras del área Discapacidad.
"La falta de una debida aplicación de las normas vigentes atenta contra el principio de equiparación de oportunidades reconocido a las personas con discapacidad para compensar desventajas -advirtieron-. Estos incumplimientos transformarán las palabras del legislador en letra muerta, y conculcarán los derechos acordados a este vulnerable grupo de la sociedad".
"Esto se debe, fundamentalmente, a la innovación del sistema de cobros que ha implementado la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)", explicó a LA GACETA el ombudsman, Jorge García Mena.
"Entendemos que las deudas de los usuarios con Obras Sanitarias de Tucumán (OST) están prescriptas, pero la SAT las considera deudas naturales, que deben pagar quienes las reconozcan -explicó-. Los problemas surgieron cuando, tras aplicar restricciones al suministro, intimaban al usuario a regularizar su situación. Y para refinanciarle el pasivo, lo obligaban a reconocer la deuda de la OST -describió-. La Defensoría y el Epret se pronunciaron en contra. La SAT pidió la reconsideración de la resolución del ente regulador y liberó el cobro de 8.000 deudores a estudios privados", puntualizó.
El funcionario hizo un balance de las fortalezas y las debilidades de la institución. Entre los aspectos favorables, destacó que la comunidad apela cada vez más a la Defensoría para canalizar demandas. "La entidad ganó credibilidad, a fuerza de trabajo y de obtener rango constitucional. Los funcionarios, prácticamente, deben acatar las resoluciones", enfatizó. Atienden unas 70 consultas diarias.
En cuanto a los puntos débiles, García Mena hace hincapié en que la Defensoría ni siquiera cuenta con edificio propio. Y advierte que no tiene la planta de personal es insuficiente: tiene 100 empleados.
"Tampoco contamos con un presupuesto acorde con una entidad considerada clave para la democracia", aseveró. En lo que va de 2006 se ejecutaron $ 3 millones: el 99% es para sueldos. "Hay que jerarquizar a la Defensoría, cuya función es controlar a los funcionarios y encauzar los reclamos sociales. Pero ni siquiera tenemos recursos para la difusión de los derechos ciudadanos", reclamó.
Un planteo nacional
El defensor del pueblo acaba de asumir la vicepresidencia de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Precisamente, algunas de las resoluciones de la institución tucumana trascendieron las fronteras provinciales. Fue el caso de la que reclama un reparto equitativo de los subsidios nacionales para el transporte público de pasajeros.
"Fue nuestro pronunciamiento cuando se produjo el último aumento del precio del cospel -precisó el funcionario-. El planteo correcto hubiera sido que se reclamara un reparto justo de los subsidios nacionales para el transporte público de pasajeros, que se financian con fondos que aportan todas las provincias. Porque hoy, el 87% de esos fondos queda en Buenos Aires y en Capital Federal. El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, tomó nuestro planteo y lo formuló para todo el país", concluyó.
Reclamos por los DNI y por ayuda social
Cuatro son los organismos de la administración pública que con más frecuencia requieren la intervención del ombudsman.
El Registro Civil: el principal reclamo es por la demora en la entrega del DNI. El trámite común lleva entre siete y ocho meses.
Rentas de la Provincia: quejas por caducidad de planes de refinanciación de deudas (hay demoras de más de un año) y por solicitudes de excención de pago del impuesto inmobiliario.
Secretaría de Políticas Sociales: las actuaciones más frecuentes refieren a solicitudes de ayuda social, como materiales de construcción, enseres domésticos y casas prefabricadas.
Caja Popular: son reiterados los planteos por demoras en los pagos de seguros de vida.
Control de las inversiones que realiza EDET
La Defensoría del Pueblo inició actuaciones de oficio, a partir de numerosos reclamos vinculados a la calidad del servicio que presta EDET. El objetivo es realizar un seguimiento pormenorizado del cumplimiento del Plan Obligatorio de Inversiones Mínimas de Emergía, al cual la empresa se comprometió. Pero, según se informó, el Ente Regulador (Epret) no contestó los pedidos de información. Frente a ello, un dictamen de asesoría recomienda dictar una resolución que exhorte al interventor del Epret, Augusto Contreras, a poner la información a disposición del ombudsman. Respecto de la descontaminación de transformadores con PCB, la Defensoría informa que sólo queda instalado en la red un transformador contaminado.
Intervenciones a causa de la "lluvia negra"
La contaminación atmosférica que genera la quema de los cañaverales y su "lluvia negra" motivaron que la Defensoría del Pueblo recomiende que se provea a la División de Fiscalización Sanitaria Ambiental del Siprosa de los recursos para poner en funcionamiento laboratorios que efectúen los muestreos de aire. A la vez, se pidió a la Dirección de Medio Ambiente que reglamente la Ley 7.460, que obliga a los ingenios a instalar dispositivos que prevengan la contaminación atmosférica en el plazo de un año.
Complementariamente, el ombudsman se expidió sobre la ley 7.459 y su reglamentación, que dispone un plan gradual de erradicación de la quema de caña en 20 años. El funcionario consideró excesivo el plazo.
Malestar por la demora de las pensiones
La causa más invocada por la cual se solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo en materia previsional es la demora en el trámite y el otorgamiento de las pensiones no contributivas.
La mayoría de las quejas es contra la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y contra la Anses. Respecto del primer caso, en la entidad provincial destacan que se obtuvieron excelentes resultados. Pese a ello, advierten que se tiende al aumento de los reclamos y a la acentuación de las demoras en el tratamiento de los expedientes.
En cuanto a la Anses, indican que aunque se dio respuestas a algunos pedidos, nos resultados no siempre fueron satisfactorios. Especialmente, en materia de reajustes de haberes.
Sanción por los problemas de contaminación
"A cuatro años de la aplicación del Plan de Producción Limpia, quedó demostrado que está lejos de ser la solución al problema de la contaminación en Tucumán, mientras no tenga carácter obligatorio y su incumplimiento acarree sanciones". El análisis está plasmado en un informe de la Defensoría del Pueblo sobre contaminación hídrica.
Se plantea que durante la zafra azucarera y la cítricola (que son simultáneas), se agrava la contaminación de los ríos que desembocan en el dique Frontal. Pero se advierte que el problema se repite todo el año, por los efluentes sin tratamiento que arrojan frigoríficos, papeleras, embotelladoras, textiles y empresas del sector alimenticio, energético, además de las cloacas.
Se incumple con los derechos de la discapacidad
"Los reclamos ante el incumplimiento de las leyes que amparan los derechos de la discapacidad demuestran que se se discrimina y se excluye a estos ciudadanos en materia social, política, laboral, cultural, económica y de salud", afirman las abogadas Silvina Heredia y Maria Teresa Ivankow, asesoras del área Discapacidad.
"La falta de una debida aplicación de las normas vigentes atenta contra el principio de equiparación de oportunidades reconocido a las personas con discapacidad para compensar desventajas -advirtieron-. Estos incumplimientos transformarán las palabras del legislador en letra muerta, y conculcarán los derechos acordados a este vulnerable grupo de la sociedad".
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