El Subsidio no brinda prestaciones básicas

El área de salud es una de las más delicadas para la Defensoría del Pueblo de Tucumán. En esta materia, durante lo que va de 2006, la intervención de la institución fue solicitada por los vecinos, fundamentalmente, en lo referido a quejas por el incumplimiento de obras sociales y de empresas de medicina prepaga. Lo revelador fue que la entidad encontró mejores respuestas en el sector privado que en el propio Estado provincial.
Los reclamos más frecuentes refieren a que estos agentes de salud no proveen de medicamentos o prestaciones que se encuentran garantizadas por el Programa Médico Obligatorio (PMO), instaurado por el Ministerio de Salud de la Nación. "Verificada la infracción de la norma, y efectuadas las gestiones, la problemática es solucionada en un alto porcentaje por parte de las prepagas, de las obras sociales sindicales, del Programa Federal de Salud (Profe) y del PAMI. Desgraciadamente, no puede decirse lo mismo respecto de los reclamos realizados contra el Subsidio de Salud", determina el informe de la Defensoría, sobre la tarea en materia de salud en lo que va de 2006.
"La obra social provincial es la de mayor número de afiliados en Tucumán. Pero, a pesar de que diversos pronunciamientos judiciales la obligan a brindar las prestaciones contenidas en el PMO, se resiste a adecuar sus prestaciones a ese programa y, con ello, a la normativa internacional, nacional y provincial sobre discapacidad", afirma el escrito, el cual subraya que la Defensoría del Pueblo exhortó ya a la repartición provincial a adaptarse a esas pautas.
"La consecuencia es que los afiliados (al Subsidio de Salud), pese que aportan más dinero que las personas que pertenecen a otras obras sociales, gozan de cobertura mucho más limitada", precisaron.

Investigaciones varias
Durante 2006, el área de salud de la Defensoría del Pueblo no se abocó sólo a tramitar reclamos ante las obras sociales. Según se informó oficialmente a LA GACETA, se investigan, actualmente los altos contenidos de arsénico en el agua de consumo humano en varias localidades del este de la provincia.
Se encuentran en estudio, también, los efectos perniciosos para la salud del uso del bromato de potasio como aditivo para elaboración del pan, a pesar de que su empleo con tal fin está prohibido por ley desde 1998. Complementariamente, hay numerosas actuaciones sobre contaminación ambiental.
Las quejas contra organismos públicos también son constantes, fundamentalmente en lo que respecta a la mora de organismos estatales en el otorgamiento de medicamentos, prótesis y subsidios: el Siprosa y la Secretaría de Políticas Sociales son, según el informe, los más denunciados.
Complementariamente, los establecimientos asistenciales, públicos y privados son controlados incluso para que cumplan con la ley 6.952, que les exige exhibir la nómina de "Derechos del Paciente".