Cuestionan que hayan relevado a los abogados de la Procuración

Ayer, finalmente, el juez federal subrogante Mario Racedo pudo tomarle declaración como testigo a una persona que resultó clave para que quedaran al descubierto presuntas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas a títulos públicos. Se trata de Sergio Lázaro Peppe, director de Auditoría de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), que en agosto de 2005 concretó sendas auditorías en los dos juzgados federales de Tucumán, que derivaron en sumarios en el Consejo de la Magistratura contra Felipe Terán (finalmente fue destituido) y contra Jorge Parache (aún está en trámite).
Peppe habría señalado que no había motivos para que, en vez de que los abogados de la PTN hayan intervenido en las causas en las que era demandado el Estado nacional, lo hayan hecho letrados del Ministerio de Economía, como sucedió en esta provincia. Precisamente, esto le imputó Racedo al ex subsecretario legal del Ministerio de Economía, Osvaldo Siseles  (ver “Dejó de...”), uno de los seis procesados por la “causa Borquez”, en cuyo marco declaró Peppe.
Racedo sostuvo que Siseles dictó la disposición SSL Nº79/2002, por medio de la cual fueron “apartados los delegados y/o asistentes del cuerpo de abogados del Estado” del trámite de los juicios en los que particulares reclamaban contra la normativa que pesificó los bonos tras la declaración de que la Argentina, devaluación mediante, había entrado en cesación de pagos (default). “Lo hizo con la clara intención de evitar que la PTN realice controles en la causas sobre títulos públicos”, subrayó Racedo.
El 24 de octubre, cuando declaró como imputado, Siseles habría desmentido que él haya dado la orden (a los abogados que actuaban en Tucumán en representación del Ministerio de Economía) de que no efectuaran una denuncia penal luego de haber detectado presuntas anomalías en la causa “Borquez”. En ese sentido, habría insistido en que la presentación efectuada por el abogado Guillermo Jerez ante Terán, el 1 de julio de 2005, fue, en los hechos, una denuncia.
Jerez había informado a Terán que dos días antes de que Yolanda Borquez planteara su demanda contra el Estado habían ingresado los U$S 620.000 en bonos a su cuenta, así como U$S 4 millones más en títulos el 24 de febrero de 2005, es decir, luego de que Terán había librado una medida cautelar a favor de la mujer.
No obstante, Peppe habría puesto en entredicho la tesis de Siseles por entender que la presentación de Jerez sólo habría tenido el fin de formular una petición en la causa civil. “Si no habría carecido de sentido el memorando 4.397/05, del 7 de julio de 2005, en que se instruía a los abogados que en Tucumán llevaban causas relacionadas con el decreto 471/02 (dispuso la pesificación) a que efectuaran la denuncia penal sobre el caso ‘Borquez’”, habría manifestado.

En el mismo sentido
Frente a una pregunta similar, en el mismo sentido se habría pronunciado el director de Control y Gestión Judicial del Ministerio de Economía, Eduardo Luis Peró, que también declaró como testigo ante Racedo. Ambos (Peppe y Peró) ya habían comparecido en el proceso que concluyó con la destitución de Terán.