Procesan a los seis imputados de la causa Borquez

A un mes y diez días de haber sido destituido del juzgado federal número dos, Felipe Terán ayer fue procesado -sin prisión preventiva- y le trabaron embargo sobre sus bienes por $ 700.000, como consecuencia de las supuestas irregularidades detectadas en la "causa Borquez". La resolución, dispuesta por quien subroga a Terán en el cargo (Mario Racedo), no tiene precedentes en la historia de la Justicia Federal de esta provincia.
En la causa en que se investiga una presunta tentativa de defraudación contra el Estado nacional con títulos de la deuda pública, el auto de procesamiento incluye a los otros cinco imputados: Inés Yolanda Borquez, Cristina Atim (es hija de Borquez), Alfredo Ducca, Daniel Martín y Osvaldo Siseles (ver destaques).
Racedo estableció las calificaciones teniendo como referencia las sugeridas por el fiscal Carlos Brito, cuando solicitó que los imputados fueran llamados a prestar declaración indagatoria.
No obstante, Brito había pedido que lo citaran a Terán como presunto partícipe necesario del delito que se investiga y por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario. Pero Racedo imputó al ex juez ser presunto coautor de defraudación al Estado -en grado de tentativa-, en concurso real con los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarios y falsificación ideológica de instrumento público agravada por la condición de funcionario que revistaba.

Un fuerte reproche
En la resolución de 33 fojas, Racedo efectuó un duro reproche a Terán, respecto de cuya intervención dijo que era necesaria a los fines del presunto delito que se investiga. "Si el magistrado actuante hubiera desconocido la maniobra y hubiera ejercido su autoridad conforme los mandatos constitucionales y legales, habría advertido las groseras irregularidades que ella presentaba ya en el escrito de la demanda", aseveró. El juez insistió: "examinada la causa con detenimiento resulta claro para un mero observador que no existieron descuidos o errores atribuibles al exceso de trabajo o a la poca atención ocasional de algún empleado".
Antes de disponer que ninguno de los procesados puede ausentarse de Tucumán por más de 24 horas sin solicitar autorización al juzgado, Racedo fue contundente: "la causa ?Borquez? pondría en evidencia una maniobra compleja, en la que aparecerían como involucrados desde la accionante y sus letrados, hasta funcionarios del Ministerio de Economía y el propio juez. Ellos porque si los funcionarios intervinientes hubieran cumplido acabadamente con las funciones y obligaciones de control que la ley les asigna, la causa no hubiera prosperado, y menos aún hubiera llegado a tramitarse una medida cautelar aflictiva para el Estado".
Hasta el momento, una pericia caligráfica concluyó que, salvo en un caso, ninguna de las firmas que figuran en el expediente civil corresponden a Borquez, ni siquiera la que figura en la demanda con la que fue abierta la causa y que dio lugar a la medida cautelar dispuesta por Terán. Este había ordenado al Estado que se abstuviera de pesificar los títulos públicos depositados en la cuenta de la mujer. Como la resolución no establecía montos, el Ministerio de Economía advirtió que había depositados casi U$S 5 millones en bonos, que habían sido adquiridos después de la declaración de "default", de 2001.


A los abogados Daniel Martín y Alfredo Ducca los procesaron como presuntos coautores de una tentativa de defraudación al fisco, en concurso ideal con el supuesto delito de uso de instrumento privado falso; y por el primero de los supuestos ilícitos, en concurso real con el de falsedad ideológica de instrumento público.


"Existen indicios suficientes para presumir que (Daniel) Martín y (Alfredo) Ducca dirigieron la articulación del ardid relativo a la compra, transferencia y nueva adquisición de títulos, omitiendo deliberadamente información sobre la fecha de adquisición y tergiversando la información sobre la cantidad y especie de los títulos", afirma la resolución.


A Osvaldo Siseles, ex subsecretario legal del Ministerio de Economía, lo procesaron por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario. Le imputaron "haber omitido información sobre las irregularidades que presentaba la ?causa Borquez? a efectos de evitar una disposición patrimonial injustificada por parte del Estado".


El juez Mario Racedo también procesó a Osvaldo Siseles por "haber omitido la formulación de la pertinente denuncia penal al advertir las mentadas irregularidades en las causas sobre títulos públicos". "Habría incurrido en acciones y omisiones tipificadas como abuso de autoridad", dijo. Y le trabó embargo por $200.000.