Responsabilidades del electorado

El Gobierno nacional estableció hace más de un mes una publicitada lista oficial para que se inscriban en ella quienes desempeñan cargos públicos y resuelvan renunciar, así como no concurrir a las próximas elecciones. Tan sólo lo han hecho el presidente Eduardo Duhalde, autor de la iniciativa, y un número muy reducido de funcionarios de su entorno, entre los cuales no figura ningún legislador. Tan magro resultado está transcurriendo sin relevancia entre la cuantiosa -y ruidosa- actividad política, donde muy rara vez se escucha alguna voz que desacredita la convocatoria presidencial, mientras hace flamear la bandera retórica del "que se vayan todos".
Si el jefe del Gobierno creyó que con su creación habría de desalentar la campaña a favor de la caducidad o renuncia de los mandatos, se equivocó, pues en nuestra política siempre es posible todo aquello que no lo parece.
Especialmente exigir a los demás con mucha firmeza algo que no se está dispuesto a hacer. Tal contradicción entre lo que se dice y lo que se hace ha terminado por desencantar a un electorado potencial que, en algún momento, pudo haber imaginado que se trataba de un inédito año cero de la política nacional y no de la engañosa estrategia para asegurar un eventual gobierno sin oposición parlamentaria, seguramente insostenible en una sociedad tan pluralista como lo es ahora la argentina.
El saldo de la experiencia, sin embargo, ha sido otra muestra de una dirigencia política profundamente dividida, donde las recíprocas descalificaciones ideológicas y personales alejan a sus protagonistas de la relación indispensable del sistema democrático, agravando la incertidumbre sobre el, de por sí, accidentado camino de la transición. En consecuencia, la competencia electoral que está por iniciarse corre el serio riesgo de realizarse a costa de la confianza en el futuro de la República y de sus intereses generales, que no son sino los de la defraudada comunidad nacional.
Tirios y troyanos de esa clase política que pretende usar en beneficio propio sus grandes partidos como aparatos electorales para acceder al poder y no como fecundos reservorios de ideas y programas, tal cual deben ser esas organizaciones intermedias para una democracia eficiente. Pero siguen mostrando sus peleas en el agobiante espectáculo mediático, con la exclusiva limitación de un acuerdo tácito: impedir el acceso de las nuevas dirigencias, inclusive en los propios partidos, obligándola en no pocos casos a luchar por afuera de sus estructuras con todas las dificultades de un régimen electoral que la vieja partidocracia defiende como escudo para sobrevivir.
En este punto, es mucha la responsabilidad del electorado -no sólo independiente sino también de los grandes partidos- convocado a elecciones internas abiertas, pues el saneamiento de la vida política argentina depende en muy buena parte de esos comicios primarios, donde la concurrencia será tan decisiva en el momento de elegir, como de descartar masivamente todo lo que implique postular encubiertamente el país del hambre, la ruina y la desesperanza, donde la función política fundamental termina invariablemente en la búsqueda de chivos emisarios a quien culpar de los propios fracasos.