Las marchas y contramarchas acentúan la tensión en Bolivia

LA PAZ.- Marchas a favor y en contra de la “revolución agraria” prometida por el presidente Evo Morales configuran un nuevo escenario de confrontación entre el gobierno y la derecha política, respaldada por poderosos gremios empresariales. La llamada ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria tiene ya media sanción de Diputados, donde domina el oficialismo, pero enfrenta un anunciado bloqueo en el Senado, donde la oposición es mayoría por estrecho margen.
Mientras cuatro columnas de campesinos e indígenas avanzan por carreteras andinas rumbo a La Paz para respaldar una nueva ley de tierras, varios cientos de empresarios agropecuarios de Santa Cruz sacaron sus tractores a la principal carretera regional, para marchar en rechazo a la ley con la que Morales, en el poder desde enero pasado, pretende repartir tierras improductivas entre campesinos pobres. La marcha fue apoyada abiertamente por el poderoso comité cívico. Los dirigentes cruceños convocaron para mañana a una asamblea en la que se definirán las medidas que asumirán en rechazo a las políticas del gobierno contra los prefectos (gobernadores) y en el ámbito de la Asamblea Constituyente.

Los caminantes
Entretanto, la principal marcha indígena a favor del gobierno, que se inició en octubre en Santa Cruz, pasaba ayer por Cochabamba tras cubrir unos 400 de los 1.000 kilómetros de la caminata hasta La Paz. Una marcha de indígenas amazónicos comenzó la semana pasada y otras dos columnas de campesinos avanzan por la principal carretera altiplánica y llegarán el 27 a La Paz, para hacer vigilia frente al Congreso hasta que el Senado apruebe la ley que modifica el régimen de tierras. Bolivia tuvo una reforma agraria en 1953, de gran impacto en el occidente andino pero nula en el oriente amazónico, donde casi tres cuartas partes de la tierra útil está en manos de hacendados.

El proyecto mayor
La “revolución agraria” y la nacionalización del petróleo y otros recursos naturales son cambios que Morales quiere consolidar con una nueva Constitución, encargada a una asamblea elegida en agosto y que hasta ahora apenas ha podido aprobar su reglamento. Ese reglamento, en línea con la “refundación” promovida por Morales, es rechazado por la oposición y los comités cívicos y prefectos de seis de los nueve departamentos, que denuncian una conducta dictatorial de la mayoría oficialista en la asamblea. (Reuter)