Amaya vetará la baja tributaria a las maquinitas

La decisión política está tomada en la intendencia. Domingo Amaya anunció ayer, sin vueltas, que vetará la ordenanza tarifaria que beneficiaba a los propietarios de las tragamonedas con una rebaja tarifaria del 88% en sus tributos.
"Ante la polémica suscitada por la sanción de la ordenanza, que fija el tributo que deben abonar las máquinas tragamonedas y ante la necesidad de dar señales claras al conjunto de la sociedad respecto de que no hay ningún tipo de privilegio hacia un sector determinado, he decidido vetar la norma tarifaria aprobada por el Concejo Deliberante", afirmó.
De ese modo, el jefe municipal marcó diferencias con los ediles oficialistas que el miércoles, en plena sesión, votaron una sorpresiva propuesta realizada por Oscar Cano (referente del sindicato mercantil) de rebajar aún más de lo previsto el tributo de los empresarios de las salas de juego de azar. "Una vez vetada les solicitaré a los concejales su pronto tratamiento para no resentir la recaudación", explicó Amaya.
La ordenanza aprobada por los ediles aún no fue comunicada oficialmente a la intendencia; es decir, que el intendente tendrá que esperar a que efectúe la notificación para luego firmar el veto correspondiente. "Esta decisión también obedece a que mi gestión no sólo se caracteriza por sus obras públicas, sino también por la transparencia de sus actos, a la cual no renunciaré hasta el último día de mi accionar público", dijo.
En los días previos, desde la oposición se sucedieron los cuestionamientos. La polémica creció hasta que varios dirigentes políticos reclamaron el veto. Paralelamente, Amaya reunió a los funcionarios de su gabinete para analizar las repercusiones del caso hasta que ayer anunció su decisión. "La equidad y la igualdad son los pilares de todo tributo según lo establece nuestra Constitución nacional; por eso, atendiendo a la responsabilidad constitucional de velar por el bien común, es mi deber promulgar ordenanzas cuya aplicación le haga bien a la gente, le dé bienestar y justicia. No se puede promulgar normas que generen situaciones de inequidad, mucho menos cuando están sospechadas de responder a compromisos sectoriales", resaltó.

"Una orden de arriba"
Al final de la sesión del miércoles, el concejal Cano (mercantil) había respondido a LA GACETA que su propuesta de reducción tributaria obedecía a "una orden de arriba". Al día siguiente el intendente Amaya negó que él haya dado alguna orden en ese sentido.
Ayer, para despejar aún más los interrogantes sobre el tema, Amaya anunció la decisión. "No podemos desoír los reclamos de la sociedad, porque ella no tan sólo exige obra pública y servicios, sino también calidad institucional, eficiencia, transparencia, diálogo, racionalidad y seriedad", precisó.


$ 90
mensuales por cada maquinita de juegos de azar (tragamonedas, póquer, ruleta, entre otras).

$ 200
mensuales por salones de fiesta, confiterías bailables, peñas folclóricas, discotecas, tanguerías y establecimientos similares.

$ 50
mensuales por cada caja registradora de supermercados y de miniservice.

$ 30
mensuales por cada habitación de hoteles alojamientos.

$ 150
mensuales por la ocupación del espacio público en el caso de los vendedores de flores en las peatonales.

$ 75
mensuales por la ocupación de la vía pública en el caso de los puestos de floristas ubicados en las zonas de los cementerios.

$ 80
mensuales por la ocupación del espacio público de los quioscos grandes.

Cuando se decide vetar una ordenanza, el intendente debe firmar la documentación y enviarla al Concejo Deliberante para su debate. En este cuerpo, integrado por 18 ediles, ese expediente es enviado a las comisiones correspondientes; en este caso a las comisiones de Hacienda y de Peticiones. Si se trata de un veto parcial, no tiene plazos para su tratamiento; pero se supone que, por la importancia del tema, no tendrá demoras. Inclusive, ayer, el propio jefe municipal, Domingo Amaya, adelantó que pedirá celeridad a los concejales.
Una vez que las comisiones hayan emitido sus dictámenes, el presidente del Concejo Deliberante, Ramón Santiago Cano (camionero), deberá convocar a una sesión para tratar el tema en el recinto. En caso de que los concejales decidan aceptar el veto, sólo se requiere el voto de la simple mayoría de los presentes. En cambio, si los ediles deciden insistir en el veto (o sea mantener un tributo de $ 90 mensuales para las tragamonedas) se requiere el voto de los dos tercios de los integrantes del cuerpo (12 votos, como mínimo).

La ordenanza tarifaria actual (2.728) establece que por cada maquinita tragamonedas, los propietarios paguen $ 700 mensuales.

El 20 de octubre, el intendente Amaya envió un proyecto al Concejo en el que propuso que se reduzca ese tributo a $ 100 mensuales.

Un grupo de 10 ediles de dos comisiones (Hacienda y Peticiones) firmó un dictamen unánime para que se mantenga el tributo de
$ 700 mensuales.

El martes 7 de este mes, los ediles derogaron el Tacis y crearon el TEM, pero frenaron el debate de la ordenanza tarifaria que fijaría los nuevos montos.

La directora de Ingresos Municipales, Alicia Lerech, visitó a concejales para pedir que se fije una tarifa de $ 116 mensuales por cada tragamonedas.

El miércoles 15, los ediles del PJ bajaron el tributo a $ 90 mensuales. Luego el legislador Robles (UCR) denunció a los concejales por presunto cohecho.