19 Noviembre 2006 Seguir en 
Desde que el miércoles, los concejales del oficialismo y Hugo Osvaldo Danesi (Concertación para la Democracia) votaron una reducción del tributo por las tragamonedas, las críticas fueron incesantes desde distintos sectores políticos de la oposición.
La mayoría de los cuestionamientos apuntó al Gobierno provincial y a la intendencia, antes de conocer el anuncio formulado ayer por el jefe municipal, Domingo Amaya, respecto de que firmará el veto de la norma tributaria.
El constitucionalista Luis Iriarte reprochó la actitud de los concejales que votaron a favor de la ordenanza. “El espectáculo que dieron fue vomitivo: concejales disfrazados de peronistas votaron por privilegiar el juego que destruye a la familia, en desmedro de la actividad productiva. Los ’pejotistas’ barrieron con los principios doctrinarios del peronismo”, aseguró.
El ex legislador definió como vergonzantes los fundamentos del edil Oscar Cano (mercantil) de que había recibido “una orden de arriba”. “Los municipios son rehenes del gobernador Alperovich por dos razones: una de índole económica, porque están atados de pies y manos y, por cuestiones políticas, porque Alperovich es el gran elector que con su dedo indicará quién integrará la lista de candidatos en 2007 para la Legislatura, para los Concejos Deliberantes, las intendencias y las comunas rurales”, resaltó.
“Grave delito”
El referente de Recrear, Pablo Walter, cargó contra el gobernador José Alperovich y el intendente de la capital. “La culpa no la tiene el chancho, o mejor dicho, los chanchos, sino quiénes les dan de comer. Los verdaderos responsables de este negociado son Alperovich y Amaya. Ya se había configurado un grave hecho de corrupción la entrega sin licitación de más de 1.000 maquinitas tragamonedas a la firma Casino Club, y lo es más aún que estas paguen por todo concepto un canon a la Caja Popular y un tributo municipal menor a una cuarta parte de lo que las mismas empresas tributan en otras partes del país, como por ejemplo en provincia de Buenos Aires”, afirmó.
“Sin lugar a dudas, estos señores están devolviendo financiamiento irregular de la campaña o son socios ocultos de una actividad que lo único que genera es daño social”, agregó Walter.
El Grupo Alberdi, por su parte, también cuestionó la rebaja tributaria. “Se reduce el impuesto a las máquinas tragamonedas, que representan la forma más aviesa de juego de azar. Es decir que la Municipalidad castiga al generador de trabajo genuino, pero premia y pone alfombra roja al vicio del juego en una provincia empobrecida, que ahuyenta las inversiones productivas”, dijeron en una nota enviada al Concejo Deliberante Clímaco de la Peña, Teresa Piossek Prebisch, Elsa Margarita Moreno, Juan Oliver, Guillermo Oliver, Alfredo Bolsi y Adolfo Poliche.
La ludopatía
El concejal republicano Claudio Viña (votó en contra), advirtió ayer que más de 300.000 argentinos tienen síntomas de ludopatía, que es la adicción al juego en forma compulsiva, lo que se asocia con el alcohol, el tabaco y las drogas.
“No olvidemos que la empresa Casino Club se había comprometido a construir un centro de convenciones a cambio del privilegio de explotar 1.000 maquinitas; sin embargo parece que esta pequeñísima contraprestación, si algún día se construye, será pagada con el dinero que los tucumanos dejan día a día en esas máquinas”, planteó.
El concejal radical, José Luis Avignone (también votó en contra) sugirió al intendente Amaya que firme el veto de la ordenanza y que envíe el proyecto con las cifras nuevas. De todas maneras, Avignone remarcó que insistirá en su postura de mantener la cifra de $ 700 mensuales, como lo establece la ordenanza tarifaria que todavía está en vigencia.
El titular de la Unión Cívica Radical, Mario Marigliano, también había pedido a Amaya que vete la norma. El dirigente cuestionó el voto de los concejales por haber bajado el tributo a una cifra a la que definió como irrisoria y ridícula. “De seguir esta actitud, tememos que sea muy factible que tengamos la sorpresa que en cualquier momento podría eximir a las tragamonedas del tributo correspondiente, ya que de $ 700 mensuales que debían pagar, el Ejecutivo municipal pretendía $ 116 por mes y los concejales oficialistas la redujeron a $ 90 mensuales”, afirmó Marigliano.
Acto frustrado
El ex convencional constituyente del Partido Obrero, Daniel Blanco, había convocado a un acto de protesta frente al Concejo Deliberante, pero, finalmente, se suspendió por la lluvia del viernes. Las 62 Organizaciones Justicialistas, que conduce Juan Jesús Soria, dijo que el voto de los ediles “rompió el principio establecido en la Constitución Nacional de que la igualdad es la base de los impuestos”.
La Unión Villeros Justicialistas,a través de Juan Carlos Díaz, advirtió que los ediles se olvidaron de la doctrina justicialista y que acordaron a espaldas del pueblo.
La mayoría de los cuestionamientos apuntó al Gobierno provincial y a la intendencia, antes de conocer el anuncio formulado ayer por el jefe municipal, Domingo Amaya, respecto de que firmará el veto de la norma tributaria.
El constitucionalista Luis Iriarte reprochó la actitud de los concejales que votaron a favor de la ordenanza. “El espectáculo que dieron fue vomitivo: concejales disfrazados de peronistas votaron por privilegiar el juego que destruye a la familia, en desmedro de la actividad productiva. Los ’pejotistas’ barrieron con los principios doctrinarios del peronismo”, aseguró.
El ex legislador definió como vergonzantes los fundamentos del edil Oscar Cano (mercantil) de que había recibido “una orden de arriba”. “Los municipios son rehenes del gobernador Alperovich por dos razones: una de índole económica, porque están atados de pies y manos y, por cuestiones políticas, porque Alperovich es el gran elector que con su dedo indicará quién integrará la lista de candidatos en 2007 para la Legislatura, para los Concejos Deliberantes, las intendencias y las comunas rurales”, resaltó.
“Grave delito”
El referente de Recrear, Pablo Walter, cargó contra el gobernador José Alperovich y el intendente de la capital. “La culpa no la tiene el chancho, o mejor dicho, los chanchos, sino quiénes les dan de comer. Los verdaderos responsables de este negociado son Alperovich y Amaya. Ya se había configurado un grave hecho de corrupción la entrega sin licitación de más de 1.000 maquinitas tragamonedas a la firma Casino Club, y lo es más aún que estas paguen por todo concepto un canon a la Caja Popular y un tributo municipal menor a una cuarta parte de lo que las mismas empresas tributan en otras partes del país, como por ejemplo en provincia de Buenos Aires”, afirmó.
“Sin lugar a dudas, estos señores están devolviendo financiamiento irregular de la campaña o son socios ocultos de una actividad que lo único que genera es daño social”, agregó Walter.
El Grupo Alberdi, por su parte, también cuestionó la rebaja tributaria. “Se reduce el impuesto a las máquinas tragamonedas, que representan la forma más aviesa de juego de azar. Es decir que la Municipalidad castiga al generador de trabajo genuino, pero premia y pone alfombra roja al vicio del juego en una provincia empobrecida, que ahuyenta las inversiones productivas”, dijeron en una nota enviada al Concejo Deliberante Clímaco de la Peña, Teresa Piossek Prebisch, Elsa Margarita Moreno, Juan Oliver, Guillermo Oliver, Alfredo Bolsi y Adolfo Poliche.
La ludopatía
El concejal republicano Claudio Viña (votó en contra), advirtió ayer que más de 300.000 argentinos tienen síntomas de ludopatía, que es la adicción al juego en forma compulsiva, lo que se asocia con el alcohol, el tabaco y las drogas.
“No olvidemos que la empresa Casino Club se había comprometido a construir un centro de convenciones a cambio del privilegio de explotar 1.000 maquinitas; sin embargo parece que esta pequeñísima contraprestación, si algún día se construye, será pagada con el dinero que los tucumanos dejan día a día en esas máquinas”, planteó.
El concejal radical, José Luis Avignone (también votó en contra) sugirió al intendente Amaya que firme el veto de la ordenanza y que envíe el proyecto con las cifras nuevas. De todas maneras, Avignone remarcó que insistirá en su postura de mantener la cifra de $ 700 mensuales, como lo establece la ordenanza tarifaria que todavía está en vigencia.
El titular de la Unión Cívica Radical, Mario Marigliano, también había pedido a Amaya que vete la norma. El dirigente cuestionó el voto de los concejales por haber bajado el tributo a una cifra a la que definió como irrisoria y ridícula. “De seguir esta actitud, tememos que sea muy factible que tengamos la sorpresa que en cualquier momento podría eximir a las tragamonedas del tributo correspondiente, ya que de $ 700 mensuales que debían pagar, el Ejecutivo municipal pretendía $ 116 por mes y los concejales oficialistas la redujeron a $ 90 mensuales”, afirmó Marigliano.
Acto frustrado
El ex convencional constituyente del Partido Obrero, Daniel Blanco, había convocado a un acto de protesta frente al Concejo Deliberante, pero, finalmente, se suspendió por la lluvia del viernes. Las 62 Organizaciones Justicialistas, que conduce Juan Jesús Soria, dijo que el voto de los ediles “rompió el principio establecido en la Constitución Nacional de que la igualdad es la base de los impuestos”.
La Unión Villeros Justicialistas,a través de Juan Carlos Díaz, advirtió que los ediles se olvidaron de la doctrina justicialista y que acordaron a espaldas del pueblo.
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