Controles que no funcionan

Sobre la crisis argentina se escriben todos los días centenares de artículos, y los analistas y estudiosos se ocupan de ella en extensos libros. Del mar de revelaciones -muchas provenientes de años atrás- que el tema arroja, es posible recortar algunos temas. Por ejemplo, el ningún cuidado que parece rodear las cuestiones atinentes al movimiento del dinero del Estado. Así lo muestra la información de todos los días.
Sólo algo más de un 6% de los 102,6 millones de pesos (equivalentes a igual suma en dólares, por entonces) que se remitieron a Tucumán entre 1990 y 1999 como Aportes del Tesoro Nacional, aparecen registrados hasta ahora en la Secretaría del Interior. En el caso del canje de bonos por efectivo realizado entre julio y noviembre del año pasado, el Tribunal de Cuentas de la Provincia solicita ahora una auditoría: pide los libramientos de la operación y una explicación de las razones por las cuales el pago de los intereses respectivos no aparece registrado en el Presupuesto. Es decir que, en pocas palabras, existieron operaciones por muchos millones de pesos que no parecen haber dejado rastros en el sistema contable oficial.
Una situación de esa naturaleza no puede sino causar la máxima extrañeza al ciudadano común. Cualquier persona sabe que, en teoría, el movimiento de cada peso que recibe o que gasta el Estado está sujeto a una serie de autorizaciones y verificaciones, que constan en gruesos expedientes llenos de firmas y sellos de funcionarios que van autorizando cada paso.El registro de los gastos del Estado es tan antiguo como el Estado mismo, por obvias razones, y desde siempre fue un rubro al que se aplicó la mayor preocupación. Las humildes ciudades coloniales de la actual Argentina tenían minuciosamente organizado ese aspecto, a pesar de que estaba a cargo de un par de funcionarios. Al abrirse la etapa de la Guerra de la Independencia y luego la de las luchas civiles, los trastornos políticos y guerreros no afectaron esa escrupulosidad para cuidar el uso de la renta oficial. El historiador Ricardo Jaimes Freyre ha apuntado que en la turbulenta década tucumana de 1820, a pesar del descalabro general de batallas, invasiones y saqueos, toda percepción o inversión estatal quedó asentada con minucia en documentos que hasta hoy el estudioso puede consultar. Las oficinas fiscales lograron siempre "salvar del derrumbe la comprobación de la honradez personal de los administradores".
Muchos años han corrido desde aquel tiempo. La atención de los ingresos y gastos públicos dejó paulatinamente de ser un asunto casi casero y pasó a convertirse en responsabilidad de organismos cada vez más importantes y superpoblados de funcionarios y empleados. Ello a la vez que las leyes se esmeraban en diseñar requisitos que permitiesen, en todo momento, la detallada verificación del ingreso y del destino de cada centavo.
Sin embargo, paradójicamente, toda esta organización parece servir de muy poco, a la hora de la verdad, según lo demuestra hasta el cansancio la información cotidiana. Cuando se lee acerca de maniobras dolosas millonarias realizadas con los fondos oficiales, la opinión pública no deja de preguntarse cómo ha sido posible que la maraña de reglamentaciones, prohibiciones, prescripciones, controles y contra-controles que se despliega formalmente en los organigramas del Estado, haya podido ser obviada con tanta facilidad. Y, en muchos casos, con no menos sorprendente impunidad.
En estos tiempos en que tanto se habla de cambios, nos parece que este es uno de los puntos importantes donde sería necesario cambiar. El Estado debe recuperar ese cuidado celoso del dinero que es la característica de toda administración proba, bien organizada y eficiente. Mientras no lo consigamos, a cada rato seguiremos topándonos con sumas cuantiosas de cuyo destino no ha quedado huella.