Los últimos días han sido pródigos en el arte de patear la pelota, tarea en la que los funcionarios son especialistas cuando ocurren accidentes o queda en evidencia que actuaron mal. Este es el caso de la tragedia de El Totoral, en el que asistimos a un reparto de culpas impresionante: la responsabilidad de que un colectivo circule sin autorización y sin habilitación rebota desde la Comisión Nacional de Transporte Automotor hasta la Dirección Provincial de Transporte y las municipalidades. Y el director provincial del área, Enrique Romero, se defiende a dos puntas: por un lado, culpa a la Nación y por otro, dice que no tiene personal ni equipos suficientes para controlar todas las rutas provinciales. Aunque sí los tuvo hace tres meses para entrar al área municipal capitalina a hacer operativos de tránsito, como una forma de expresar el desacuerdo de la Provincia con el acuerdo entre la Municipalidad y la Gendarmería.
Finalmente, ante la escandalosa realidad de la circulación de transportes truchos por todas partes, los funcionarios confiesan impotencia y terminan culpando a la gente, que es -dicen- la que fomenta el funcionamiento de los ómnibus y remises ilegales y de los taxis pirata. E incluso -como el intendente de Alberdi- dicen que no pueden controlar porque los ilegales se les van encima.
Sin control de idoneidad
El gran problema es la falta de mecanismos de control sobre la idoneidad de los funcionarios. En Tucumán son innumerables los ejemplos de obras mal hechas, que causaron enormes problemas a toda la comunidad, y que quedaron sin responsables. Un ejemplo son los movimientos de tierra en el cauce del río Salí -que habrían sido causantes del deterioro del puente Lucas Córdoba, hoy clausurado- y otro es el desvío del dinero que la Nación regaló a la Provincia para hacer la obra de cloacas en Yerba Buena y la zona sur de la capital. Y hay más, como un ministro que quiso contratar a un albañil sin título para hacer un hospital. Sin contar con los daños que se está generando a la comunidad con las medidas equivocadas en materia económica. Por algo los tucumanos pagan todo más caro que en el resto del país y tienen una moneda (el bono) que no sirve para casi nada. Y nadie es responsable.
Un único respiro
En medio de esto parece un bálsamo el fallo de un juez que hizo responsable al titular del Siprosa con su propio patrimonio para que se pague el servicio de diálisis que se le había cortado a una enferma. Pero, lamentablemente, es el único respiro en un mar de ineficacia. El Código Civil prevé sanciones contra los responsables, pero la Justicia está demasiado llena de trabajo, con la misma gente que hace 20 años y con diez veces más causas. No castigó a nadie por la reciente tragedia de Camboriú, y tampoco por el accidente de un colectivo que trasladaba gente de ADOS, hace 11 años.
Quizá por ahí tendrían que encauzarse reclamos como el "que se vayan todos". Que haya más facilidades para que la Justicia cumpla con su tarea y sea más independiente. Que haya más legalidad y se pueda castigar al funcionario negligente. Que se pueda hacer algo para que los responsables dejen de pasarse la pelota.
