La violación de normas electorales

Donde cabe lo más, cabe lo menos, reza un tradicional aforismo seguramente aplicable a los precandidatos presidenciales y a sus asesores de campañas que, haciendo caso omiso de las normas legales reguladoras de sus etapas y plazos, invierten dineros con orígenes desconocidos en movilizaciones y publicidad anticipadas. Si durante tanto tiempo, y en especial los más recientes, se ha violado la Constitución impunemente, probablemente se preguntarán por qué no ha de poder hacérselo con meras leyes reglamentarias. Los argumentos para esas promociones irregulares son diversos, cuando no tratan de ignorar la realidad, pero en uno u otro caso, no consiguen sino demostrar el gran déficit ético -escasas excepciones aparte- que compromete a nuestra clase política y a sus cómplices en la emergencia.
Por añadidura, y paradójicamente, se trata de dirigentes con gravitación parlamentaria, directa o indirecta, comprometidos por las recientes sanciones legislativas de las reformas concernientes a esas campañas -leyes 25.610 y 25.611- para las elecciones presidenciales y las internas partidarias abiertas al electorado independiente.
Esas reformas -que en el caso de los comicios partidarios han provocado un desdoroso debate acerca de las irregularidades en los padrones de afiliados- han sido, por lo demás, algunas de las tantas exigidas por la ciudadanía que los sectores políticos del Congreso han aceptado, dejando una vez más en el olvido las listas sábana o la legalización de candidaturas independientes. Las campañas adelantadas implican el obvio uso de recursos sin el control adecuado, que permite el derroche de los aparatos partidarios y, en el caso de las elecciones primarias, el de los propios candidatos para enfrentar a sus adversarios-correligionarios. Como es fácil advertir, el factor ético, tantas veces levantado como bandera en algunas de esas tribunas apresuradas, es uno de los más ausentes de la realidad proselitista. Por la forma con que se ha puesto fin a las diferencias entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial para hacer frente a los requerimientos del doble proceso electoral, de diciembre y de marzo, no parece posible que la Justicia Electoral pueda disponer de los recursos necesarios, por lo que el control de esos acontecimientos deberá depender en muy buena medida del fiel cumplimiento por los partidos y sus aparatos, de las pautas legales y reglamentarias, algo que hasta ahora contradicen las situaciones señaladas.
Serán, en consecuencia, los propios ciudadanos convocados a votar -voluntaria aunque muy convenientemente en el caso de las internas partidarias- los responsables de buena parte de ese control ético y moral que los jueces, aun con el mejor empeño, no pueden realizar con suficiente eficacia en un escenario tan afectado por el deterioro de las conductas políticas. Debe insistirse una vez más frente a la realidad que se observa, en que la necesidad imperiosa de renovar dirigencias no es responsabilidad de los jueces, ni mucho menos, aseguran quienes proponen atajos inconstitucionales para reposicionarse en el poder político, sino una demostración colectiva de cultura política de la ciudadanía a la hora de elegir representantes.