El Gobierno busca consenso por la quita de la alícuota 0

El Gobierno busca finalizar el conflicto que mantiene con empresarios tucumanos por haber eliminado por decreto el beneficio de la alícuota cero, de los impuestos a los Ingresos Brutos y a la Salud Pública para la producción.
El jueves, funcionarios se reunieron con representantes de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), a quienes les manifestaron su intención de achicar diferencias. Ayer, en tanto, el ministro de Economía, Osvaldo Jaldo; el secretario General de la Gobernación, Fernando Juri Debo, y el ministro de Salud Pública, Alejandro Sangenis, convocaron en la Casa de Gobierno al industrial azucarero Jorge Rocchia Ferro. Este empresario es el titular de la Compañía Azucarera Los Balcanes (dueña del ingenio La Florida), quien interpuso una demanda por inconstitucionalidad del decreto 1.961/3 -que elimina la alícuota cero- y que no logró que la Justicia le otorgue un amparo contra la medida. "Perdí el amparo, pero la cuestión de fondo, la inconstitucionalidad, sigue su curso", recalcó.

Convocatoria positiva
A Rocchia Ferro le pareció positiva la convocatoria oficial para discutir la reaplicación de los impuestos que fueron neutralizados en 1993, cuando entró en vigencia en Tucumán el Pacto Fiscal. Pero opinó que hubiera sido preferible un debate previo a la aplicación de la medida. Consideró que la solución al conflicto debe buscarse entre todas las actividades empresarias y no sector por sector.
Los industriales opinan que la disposición oficial atenta contra la letra del Pacto Fiscal y los convenios de competitividad, que establecen la obligatoriedad de la provincia de no exigir el pago de los Ingresos Brutos a las actividades productivas.
El titular de Los Balcanes reafirmó su convencimiento de que el decreto 1.961/3 no corresponde y es inconstitucional. "Pero debido a la delicada situación de la provincia, estamos dispuestos a conversar", señaló. "Si hay buena voluntad del Gobierno puede haber un entendimiento. Un punto clave será determinar adónde irían los fondos que aportaríamos, para lo cual habría que realizar un minucioso control", remarcó Rocchia Ferro.

Una embotelladora
La Compañía Tucumana de Refrescos, fabricante de Coca Cola en la provincia, se quejó por la decisión oficial por discriminación. Denunció que otras empresas de bebidas, que se dedican a la elaboración de vinos, sidras y cervezas, mantienen el beneficio. "Esos productos son elaborados de manera similar a la nuestra. Por lo tanto, todos deberíamos contar con los mismos beneficios o exclusiones", señaló el gerente general de la Asociación de Fabricantes de Coca Cola, Wenceslao Arias.