12 Octubre 2006 Seguir en 
El fiscal federal Nº 1 Emilio Ferrer inició una investigación judicial ante la existencia de un presunto fraude a la administración pública, en perjuicio del Banco Nación y de la Dirección General Impositiva. En el caso están imputados del delito de defraudación contra el Estado Nacional tres funcionarios de la institución bancaria y varios industriales vinculados a la actividad azucarera.
Ante el juez federal subrogante, Mario Racedo, que lleva adelante la causa, prestó declaración ayer, durante más de cuatro horas, el gerente general de la entidad crediticia, Juan Carlos Fábrega.
En el quinto piso de los Tribunales Federales (Las Piedras y Congreso), el ejecutivo fue recibido por la secretaria de Leyes Especiales del tribunal, Graciela Pérez Genovesi y se espera que en los próximos días también sea citado el resto de los imputados.
En el marco de una causa civil compleja, el fiscal Ferrer busca aclarar la legalidad de una cesión de créditos que en 1993 realizó la sucursal Tucumán del Banco Nación a favor de Los Balcanes. Tiempo después, esa firma cedió nuevamente esos derechos a Los Cevilares, empresa vinculada al ingenio Cruz Alta. Se habría evitado que determinados bienes ingresen a la masa concursal del ingenio Cruz Alta, con lo que se buscó perjudicar al Banco Nacional y a la DGI en el cobro de impuesto, dijeron en fuentes judiciales.
Ante el juez federal subrogante, Mario Racedo, que lleva adelante la causa, prestó declaración ayer, durante más de cuatro horas, el gerente general de la entidad crediticia, Juan Carlos Fábrega.
En el quinto piso de los Tribunales Federales (Las Piedras y Congreso), el ejecutivo fue recibido por la secretaria de Leyes Especiales del tribunal, Graciela Pérez Genovesi y se espera que en los próximos días también sea citado el resto de los imputados.
En el marco de una causa civil compleja, el fiscal Ferrer busca aclarar la legalidad de una cesión de créditos que en 1993 realizó la sucursal Tucumán del Banco Nación a favor de Los Balcanes. Tiempo después, esa firma cedió nuevamente esos derechos a Los Cevilares, empresa vinculada al ingenio Cruz Alta. Se habría evitado que determinados bienes ingresen a la masa concursal del ingenio Cruz Alta, con lo que se buscó perjudicar al Banco Nacional y a la DGI en el cobro de impuesto, dijeron en fuentes judiciales.







