No reajustarán el impuesto a 250.000 propiedades urbanas

Alrededor de 250.000 propiedades urbanas no sufrirán un reajuste en la boleta del impuesto Inmobiliario a partir de 2007. El Gobierno decidió sólo avanzar con el revalúo de las 62.000 parcelas rurales y con la actualización de la valuación de otros 48.000 inmuebles, cuyos dueños ya fueron notificados o están por serlo por la Dirección de Catastro respecto de la omisión en declarar nuevas construcciones.
"Es una decisión del gobernador (José Alperovich) no tocar la base imponible urbana", dijo ayer a LA GACETA el director de Catastro, Félix Herrero. Con el trabajo del Relevamiento Catastral (Recat) prácticamente concluido, el Poder Ejecutivo contaba con una base de datos para aplicar los reajustes en las valuaciones de las 360.000 propiedades existentes en Tucumán. Un tercio de ese total pagaría sólo el importe mínimo del impuesto Inmobiliario.
Según las autoridades, actualmente los inmuebles urbanos tienen un valor fiscal equivalente al 25% del que se reclama en el mercado. Mayor es la brecha al hablar de las parcelas rurales, donde la actualización de su valor sería cercana al 200%.
Herrero manifestó ayer que el gobernador le dio instrucciones para no avanzar con la aplicación del revalúo urbano, con la intención de que los propios dueños de inmuebles declaren, voluntariamente, las mejoras introducidas en la vivienda y eviten el pago de multas.
Sin embargo, la decisión de dar marcha atrás al revalúo generalizado tiene connotaciones políticas, al tratarse de un impuesto (el Inmobiliario) de amplio espectro, y que afecta desde el más pequeño hasta el gran contribuyente. Su impacto sería negativo en el humor del electorado que se prepara para afrontar otra elección, en agosto de l año que viene.

Un informe
Más allá del freno oficial al revalúo de los inmuebles, Catastro continuará con los operativos de fiscalización, con el fin de detectar y corroborar la existencia de obras nuevas no declaradas por los propietarios (Ver En un country...).
Paralelamente, la repartición que depende del Ministerio de Economía elevará la próxima semana al gobernador su informe sobre la situación fiscal de las 62.000 parcelas rurales.
De acuerdo con un diagnóstico preliminar, el 80% de esas propiedades no declararon la utilidad que le brindan sus dueños a las tierras, si están siendo explotadas como áreas de cultivos o si, por el contrario, permanecen como sitios baldíos.
Desde el Ministerio de Economía de la provincia se calculó que el reajuste en el valor de los campos dejará a la Dirección General de Rentas un ingreso extra de $ 2 millones mensuales por el cobro del Inmobiliario al sector rural.


"No sé si es falta de cultura de pago o más bien irresponsabilidad, con el fin de eludir sus obligaciones ante el fisco". De esa manera, el director de Catastro, Félix Herrero, trató ayer de explicar los resultados de las primeras fiscalizaciones en las viviendas. Después de inspeccionar un country ubicado en Yerba Buena, los inspectores constataron que los propietarios de tan sólo dos de las 46 casas instaladas en ese lugar declararon haber introducidos mejoras en sus viviendas.
"La omisión de efectuar la denuncia por obra nueva o de su finalización constituye una falta contemplada en el Código Tributario", indicó Herrero. El funcionario agregó que, tras la detección de las faltas, se instruyó sumarios a los infractores, a los que se pedirá que paguen el máximo de la multa (unos $ 3.000). Al mismo tiempo, se asignará el nuevo valor fiscal a la vivienda. En las tareas de control participan una decena de inspectores de Catastro. Herrero dijo que los operativos no se focalizan sólo en barrios privados, sino que también se efectúan en otras zonas urbanas. "Los resultados pueden parecer lentos, porque no sólo hay que detectar la infracción sino también sustanciar sumarios hasta demostrar la omisión", acotó.