18 Septiembre 2002 Seguir en 
La crisis y las graves necesidades de naturaleza profunda planteadas por ella están motivando en la sociedad reacciones inéditas que pocas veces trascienden en toda su dimensión, superadas por el eco natural de la protesta de quienes las sufren de manera inmediata. Se trata de actitudes e iniciativas colectivas que parecen poner fin al extendido espíritu individualista tradicionalmente asignado a los argentinos, donde el rasgo de la solidaridad es condición sobresaliente y moviliza energías e inteligencia sin otro afán que restaurar la salud del cuerpo social.
En los momentos más difíciles nos hemos preguntado en este mismo lugar si esas reacciones eran gestos ocasionales frente al desmoronamiento sin precedentes de nuestra vida pública y sus efectos sobre la privada, o si efectivamente se trata de una consecuencia de la crisis, cuya definición más precisa es, por cierto, la de cambios en el tiempo histórico con incertidumbre e inestabilidad. Hoy existen ya suficientes evidencias de que nuestra sociedad está cambiando y es protagonista muy activa en la crisis, del tal forma que cuando esta llegue a su término, sus comportamientos serán muy diferentes.
Las evidencias más notorias de ese fenómeno son, sin duda, las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, cuyas iniciativas fundamentales están apuntando al futuro con sentido de permanencia, sin perder de vista el carácter democrático de nuestra sociedad y el orden constitucional, marginado de distintas formas por buena parte de las dirigencias públicas.
Ejemplo y testimonio de ese accionar es la propuesta instrumentada por Poder Ciudadano, la Red Solidaria y el Grupo Sophia, apoyada por otras entidades privadas y denominada Programa Nacional de Desarrollo Infantil, con carácter permanente, destinada a impedir la degradación física de la infancia como consecuencia de la pobreza.
Se trata de fortalecer los roles parentales y de crianza, así como de asegurar el desarrollo psicomotor de los niños, mejorando sus habilidades y destrezas al momento del ingreso escolar. El proyecto instrumenta casuísticamente el sistema, y sus considerandos detallan con significativas referencias científicas los efectos de la degradación física en la niñez sobre las generaciones del porvenir, así como antecedentes internacionales con éxitos probados.
El Estado deberá incluir su financiamiento en la Ley de Presupuesto anual a partir del próximo ejercicio -alrededor de 1.300 millones de pesos-, pero la administración del sistema y la aplicación de los recursos habrán de quedar a cargo de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Los promotores del ambicioso proyecto han previsto su análisis con el Congreso, donde en definitiva deberá ser aprobado, para ajustarlo, sin cambios de sus líneas generales que, como se advierte, no apuntan al asistencialismo precipitado por el drama social de la crisis, sino a una institución permanente que asegure la evolución generacional de una sociedad fundada en la inmigración pero que hoy está invirtiendo ese orden histórico ante la perplejidad internacional. No se trata, por cierto, de sustituir al Estado en un rol tan esencial como el asumido por el proyecto, sino de ganar tiempo frente a su incapacidad presente para atender el futuro de la República, impidiendo que la crisis provoque una decadencia insuperable con la pasividad cómplice de una sociedad indiferente ante su propio futuro.
En los momentos más difíciles nos hemos preguntado en este mismo lugar si esas reacciones eran gestos ocasionales frente al desmoronamiento sin precedentes de nuestra vida pública y sus efectos sobre la privada, o si efectivamente se trata de una consecuencia de la crisis, cuya definición más precisa es, por cierto, la de cambios en el tiempo histórico con incertidumbre e inestabilidad. Hoy existen ya suficientes evidencias de que nuestra sociedad está cambiando y es protagonista muy activa en la crisis, del tal forma que cuando esta llegue a su término, sus comportamientos serán muy diferentes.
Las evidencias más notorias de ese fenómeno son, sin duda, las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, cuyas iniciativas fundamentales están apuntando al futuro con sentido de permanencia, sin perder de vista el carácter democrático de nuestra sociedad y el orden constitucional, marginado de distintas formas por buena parte de las dirigencias públicas.
Ejemplo y testimonio de ese accionar es la propuesta instrumentada por Poder Ciudadano, la Red Solidaria y el Grupo Sophia, apoyada por otras entidades privadas y denominada Programa Nacional de Desarrollo Infantil, con carácter permanente, destinada a impedir la degradación física de la infancia como consecuencia de la pobreza.
Se trata de fortalecer los roles parentales y de crianza, así como de asegurar el desarrollo psicomotor de los niños, mejorando sus habilidades y destrezas al momento del ingreso escolar. El proyecto instrumenta casuísticamente el sistema, y sus considerandos detallan con significativas referencias científicas los efectos de la degradación física en la niñez sobre las generaciones del porvenir, así como antecedentes internacionales con éxitos probados.
El Estado deberá incluir su financiamiento en la Ley de Presupuesto anual a partir del próximo ejercicio -alrededor de 1.300 millones de pesos-, pero la administración del sistema y la aplicación de los recursos habrán de quedar a cargo de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Los promotores del ambicioso proyecto han previsto su análisis con el Congreso, donde en definitiva deberá ser aprobado, para ajustarlo, sin cambios de sus líneas generales que, como se advierte, no apuntan al asistencialismo precipitado por el drama social de la crisis, sino a una institución permanente que asegure la evolución generacional de una sociedad fundada en la inmigración pero que hoy está invirtiendo ese orden histórico ante la perplejidad internacional. No se trata, por cierto, de sustituir al Estado en un rol tan esencial como el asumido por el proyecto, sino de ganar tiempo frente a su incapacidad presente para atender el futuro de la República, impidiendo que la crisis provoque una decadencia insuperable con la pasividad cómplice de una sociedad indiferente ante su propio futuro.





