17 Septiembre 2002 Seguir en 
La Compañía Azucarera Los Balcanes interpuso ayer un recurso de amparo contra el Gobierno de la Provincia, que decidió volver a cobrar los impuestos a los Ingresos Brutos y a la Salud Pública a las actividades productivas.
La eliminación de la alícuota cero afectará a vastos sectores de la producción de la provincia, en especial a la fabricación de azúcar. Fue establecida a través del decreto 1.961/3, del Ministerio de Economía, del 12 del corriente. A través de la Ley 6.496, publicada el 25 de noviembre de 1993, la Provincia se adhirió al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, que dispone la aplicación de la alícuota del cero por ciento para distintas actividades.
La demanda contra el Gobierno fue presentada en la Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que integran los jueces Carlos Giovannello y Rodolfo Novillo. Si los jueces toman en cuenta el planteo empresario, el fallo sólo beneficiará a Los Balcanes.
Arbitrario e ilegítimo
Los abogados Carlos Alberto Bravo y Catalina Lonac, en representación de la firma azucarera, sostienen que el decreto que elimina el beneficio fiscal coloca a la Provincia en el grado de incumplimiento frente a la Nación. Consideran que "el arbitrario e ilegítimo contenido del decreto provincial también violenta el principio de legalidad -de raigambre constitucional- pues los tributos sólo pueden ser creados, modificados o derogados por ley formal emanada del Poder Legislativo". Recalcan que son inconstitucionales las normas de menor jerarquía que pretenden soslayarla, como es el caso del decreto.
La empresa azucarera solicita a la Cámara que descalifique y controle la constitucionalidad del decreto, dada la manifiesta ilegalidad de este instrumento. Recalca que las leyes ratificatorias de tratados provinciales -como el Pacto Federal- se encuentran por encima de las leyes comunes.
Pide que hasta que se dicte sentencia definitiva, el Gobierno se abstenga de formular cargos, intimaciones o ejecuciones a Los Balcanes por la modificación de la alícuota cero. También que se obligue a Rentas a otorgar a esta firma certificados de libre deuda fiscal cuando estos sean requeridos y que, previo a todo trámite, se dicte la medida de no innovar.
El presidente de Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro, consideró que los impuestos a los Ingresos Brutos y a la Salud Pública son distorsivos, y que las actividades primarias de todo el mundo están exentos de pagarlos. El Gobierno pretende aumentar la recaudación entre $ 1,4 millón y $ 1,6 millón, para destinarlos a la salud pública. "Estamos de acuerdo con aportar ese dinero a la salud, pero no queremos que se haga a través del Gobierno, sino por medio de alguna fundación, como se está haciendo con los hospitales de Monteros y de Aguilares. No quiero que esto sirva para pagar más déficit e ineficiencia del Gobierno", remarcó Rocchia Ferro.
Un trámite sumarísimo
El recurso de amparo, establecido en el Código de Procedimientos Constitucionales, es un trámite sumarísimo y es el más rápido que hay en Tucumán. Los plazos en que la Justicia puede otorgar un amparo varían de hechos imponderables. Fuentes empresarias consideraron que el planteo de Los Balcanes podría definirse en el transcurso de esta semana.
ALGUNAS CLAVES
La filosofía del Pacto Fiscal estaba en trasladar las etapas de aplicación de impuestos como el de los Ingresos Brutos al consumo de los productos y no a su producción.
El costo de producción, a los efectos de la competitividad de los productos, se venía despojando de estos elementos que perjudicaban su lanzamiento.
Tucumán se adhirió al Pacto Federal de 1993 y estableció un régimen de excepción condicionada que se denominó "tasa cero" para las actividades de producción.
Luego, en los convenios de competitividad firmados en 2001 entre la Nación, las provincias, las empresas y los gremios, se mantuvo sin reservas la obligación de eximir de ese gravamen.
Estos convenios de competitividad vencen en diciembre de 2003, y los empresarios entienden que el decreto del Gobierno tucumano representa una renuncia unilateral a las obligaciones que estos acuerdos imponen.
La eliminación de la alícuota cero afectará a vastos sectores de la producción de la provincia, en especial a la fabricación de azúcar. Fue establecida a través del decreto 1.961/3, del Ministerio de Economía, del 12 del corriente. A través de la Ley 6.496, publicada el 25 de noviembre de 1993, la Provincia se adhirió al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, que dispone la aplicación de la alícuota del cero por ciento para distintas actividades.
La demanda contra el Gobierno fue presentada en la Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que integran los jueces Carlos Giovannello y Rodolfo Novillo. Si los jueces toman en cuenta el planteo empresario, el fallo sólo beneficiará a Los Balcanes.
Arbitrario e ilegítimo
Los abogados Carlos Alberto Bravo y Catalina Lonac, en representación de la firma azucarera, sostienen que el decreto que elimina el beneficio fiscal coloca a la Provincia en el grado de incumplimiento frente a la Nación. Consideran que "el arbitrario e ilegítimo contenido del decreto provincial también violenta el principio de legalidad -de raigambre constitucional- pues los tributos sólo pueden ser creados, modificados o derogados por ley formal emanada del Poder Legislativo". Recalcan que son inconstitucionales las normas de menor jerarquía que pretenden soslayarla, como es el caso del decreto.
La empresa azucarera solicita a la Cámara que descalifique y controle la constitucionalidad del decreto, dada la manifiesta ilegalidad de este instrumento. Recalca que las leyes ratificatorias de tratados provinciales -como el Pacto Federal- se encuentran por encima de las leyes comunes.
Pide que hasta que se dicte sentencia definitiva, el Gobierno se abstenga de formular cargos, intimaciones o ejecuciones a Los Balcanes por la modificación de la alícuota cero. También que se obligue a Rentas a otorgar a esta firma certificados de libre deuda fiscal cuando estos sean requeridos y que, previo a todo trámite, se dicte la medida de no innovar.
El presidente de Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro, consideró que los impuestos a los Ingresos Brutos y a la Salud Pública son distorsivos, y que las actividades primarias de todo el mundo están exentos de pagarlos. El Gobierno pretende aumentar la recaudación entre $ 1,4 millón y $ 1,6 millón, para destinarlos a la salud pública. "Estamos de acuerdo con aportar ese dinero a la salud, pero no queremos que se haga a través del Gobierno, sino por medio de alguna fundación, como se está haciendo con los hospitales de Monteros y de Aguilares. No quiero que esto sirva para pagar más déficit e ineficiencia del Gobierno", remarcó Rocchia Ferro.
Un trámite sumarísimo
El recurso de amparo, establecido en el Código de Procedimientos Constitucionales, es un trámite sumarísimo y es el más rápido que hay en Tucumán. Los plazos en que la Justicia puede otorgar un amparo varían de hechos imponderables. Fuentes empresarias consideraron que el planteo de Los Balcanes podría definirse en el transcurso de esta semana.
ALGUNAS CLAVES
La filosofía del Pacto Fiscal estaba en trasladar las etapas de aplicación de impuestos como el de los Ingresos Brutos al consumo de los productos y no a su producción.
El costo de producción, a los efectos de la competitividad de los productos, se venía despojando de estos elementos que perjudicaban su lanzamiento.
Tucumán se adhirió al Pacto Federal de 1993 y estableció un régimen de excepción condicionada que se denominó "tasa cero" para las actividades de producción.
Luego, en los convenios de competitividad firmados en 2001 entre la Nación, las provincias, las empresas y los gremios, se mantuvo sin reservas la obligación de eximir de ese gravamen.
Estos convenios de competitividad vencen en diciembre de 2003, y los empresarios entienden que el decreto del Gobierno tucumano representa una renuncia unilateral a las obligaciones que estos acuerdos imponen.
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