La Justicia Federal prepara acciones contra la venta ilegal

La Justicia Federal prepara un instructivo general que será difundido en los próximos días entre las fuerzas federales (Policía y Gendarmería) y provinciales, con el fin de erradicar la venta ilegal de discos de música y de películas, informaron fuentes judiciales a LA GACETA. Asimismo, dijeron que magistrados federales gestionan reuniones con fiscales provinciales para dirimir la cuestión de la competencia; es decir, para dilucidar qué organismos estatales son los responsables de no permitir el comercio callejero de artículos pirata.
En la Argentina, seis de cada 10 discos de música y de filmes que se venden son truchos. Y el 40% es obtenido en la calle (el resto, por teléfono o por internet), según la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif).
En Tucumán, en los últimos meses -cuando proliferaron las bateas callejeras en el microcentro-, las ventas de las disquerías bajaron un 35% y los alquileres en los videoclubes decrecieron un 40%; a pesar de estas escalofriantes estadísticas, un enredo jurisdiccional es la excusa para que ningún organismo estatal se encargue de la problemática que es, tal vez, el máximo exponente de la alta informalidad de la economía de la provincia.
Desde el Gobierno provincial dicen que es responsabilidad de la Municipalidad y de la Justicia Federal. Desde la Municipalidad afirman que deben actuar el Gobierno y la Justicia Federal. Y en la Justicia Federal sostienen que el Gobierno y el municipio tienen que intervenir. Mientras tanto, en el microcentro hay cada vez más puestos de venta ilegal de CD de música y de películas, en formatos DVD y VCD.
Desde Capif dijeron a LA GACETA -mediante un comunicado- que, como el delito se comete en flagrancia (es decir, "a la vista de todos" y "con las manos en la masa") sí o sí deben intervenir la Policía (federal o provincial) y Gendarmería, sin necesidad de orden de allanamiento (es decir, actuar de oficio).

Cuestión de competencia
En el comunicado, la organización que agrupa a los productores sostiene que el artículo 72 bis de la ley 11.723 (de Propiedad Intelectual), penaliza la venta, el almacenamiento y la reproducción de piratería. Por lo tanto -afirmaron-, la venta en la calle de esta mercadería, más allá de una infracción administrativa -de competencia municipal-, también es un delito penal. Asimismo, según Capif, la ley de Propiedad Intelectual es de competencia provincial. No obstante, en algunos casos -dijo-, la venta de discos truchos también es una violación a la ley de Marcas, que es de competencia federal. De modo que, cuando se violan dichas leyes en un mismo acto, es de competencia federal. Pero no en todos los casos debería intervenir la Justicia Federal, porque a veces ocurre que la copia es burda (es decir, es evidente que el disco es grabado y, por lo tanto, el consumidor no sufre un engaño). En ese caso, la Justicia Federal transfiere el caso a la provincial, afirma Capif.
El director de Comercio Interior de la provincia, Pablo Zeitune, advirtió que su repartición no tiene facultades para actuar en la vía pública. "Tiene que actuar la Dipsa (Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental de la Municipalidad). Si son locales instalados en donde se venden discos truchos, sí actuamos. Pero no en el caso de la venta callejera. Además (la piratería), es un delito federal. Deben actuar Gendarmería y la AFIP. También Rentas", dijo.
El fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez había planteado que si un funcionario sospecha de la comisión de un delito, tiene la obligación de denunciarlo, sea federal o provincial. "El funcionario municipal que diga que es un delito federal y que no puede hacer nada, miente. Y no sólo miente: es, además, encubridor (artículo 277 del Código Penal)", aseveró Gómez.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de la capital, Walter Berarducci, dijo que el municipio "es la última patita del problema" y argumentó que deben intervenir la Justicia Federal, la Provincia y la Policía.