En torno de la tragedia

Como lo cronica en detalle nuestra edición de hoy, el terrible accidente de la cuesta del Totoral tiene características que lo singularizan dentro de la sangrienta experiencia en la materia. Por su magnitud, puede considerarse la mayor tragedia terrestre registrada hasta el momento en el país. Y por los elementos que la hicieron posible y contribuyeron a sus consecuencias, es una muestra dramática del descontrol existente acerca de quienes conducen pasajeros por las rutas.
Sabemos que se trataba de un vehículo de los que se conocen como "truchos", que no contaba con ninguna de las habilitaciones que establece la ley (y que por ello jamás fue inspeccionado ni pagó los impuestos que se exigen a las empresas legales); con una antigüedad que lo debió marginar totalmente de esa clase de servicios y con un pasaje temerariamente excedido en cantidad. Es decir que estaban dadas condiciones más que suficientes para que ocurriera lo que ocurrió, y que hoy enluta a tantos hogares tucumanos.
Más allá de las primeras reflexiones que una tragedia de estas características conlleva, y que se refieren a esa cuantiosa pérdida de vidas humanas que pudo evitarse, existen una serie de falencias e interrogantes que el penoso hecho pone crudamente de manifiesto.En primer lugar, el ningún cumplimiento de la ley que encuadra tanto las prestaciones de esta índole como el desplazamiento de los vehículos respectivos.
Solamente una larga cadena de complicidades, mantenida desde largo tiempo atrás, puede haber permitido que el ómnibus de referencia realizara sus viajes sin tropiezo. Las autoridades encargadas de controlar este punto, según todo parece indicarlo, han mirado sistemáticamente al costado. No se le ha exigido la observancia de ninguno de los requisitos que fijan las normas, mientras sí se los exigen puntualmente a las empresas que trabajan dentro de la legalidad.Esto requiere, por cierto, una inmediata y profunda investigación. Urge que se establezca la identidad de todos los que, con su actitud dolosa, hicieron posible la circulación de un vehículo en esas condiciones. Deben ser identificados y procesados con todo el rigor de la Justicia. Estamos, cabe advertirlo, ante una cuestión estrechamente vinculada a la seguridad pública, que exige que las unidades que transportan pasajeros se ajusten a una serie de recaudos que aquí no se tuvieron para nada en cuenta, según todo parecería indicarlo.
Las disposiciones legales no son caprichosas. En el caso que nos ocupa, si se las hubiera aplicado no habría sido posible un accidente semejante. Pero no se las aplicó. Quienes estaban encargados de hacerlo, por la razón que fuere dejaron pasar las infracciones, a pesar de que eran múltiples y de que cada una de ellas creaba riesgos serios.
Hemos tenido así, con triste contundencia, la demostración de las situaciones que pueden generarse a través de la inobservancia de normas que han sido dictadas, precisamente, para aportar la necesaria cuota de seguridad.
Y no puede dejar de impresionar la actitud de desprecio por la vida humana que yace en el fondo de quienes, de distintas maneras, fueron responsables de la realización de un viaje con tan sangrientas consecuencias. Parece difícil concebir que no se haya pensado en el peligro de vida al cual se sometía a tantas personas, al conducirlas en un vehículo deficiente y marginal por caminos de montaña.
En suma, varias son las advertencias que pueden extraerse de un suceso de tan conmocionantes características, y es necesario que las autoridades las tomen muy en cuenta; ello además, sin duda, de todas las actuaciones que deben practicarse frente al caso. No puede volver a ocurrir una tragedia similar.