¿Quién le pone el cascabel al pirata?

Mi esposa me llevó a recorrer una de esas tantas ferias organizadas por artesanos y autoridades municipales. Billetera en mano y cargado de bolsos, casi se me cae todo cuando me doy con un stand que ofrecía una variada colección de películas y música que, computadora mediante, eran grabadas en el acto en un CD. Llamé a la Policía Federal y se hizo un procedimiento. Se le secuestró todo a un rosarino oportunista, que ya tiene dictado el procesamiento por infringir la Ley de Marcas. ¿Cómo es que este tipo de ferias tiene el apoyo de autoridades públicas, sean provinciales o municipales?
Hoy debe haber más de 100 mesas distribuidas en la vía pública que ofrecen mercadería adulterada o copiada. Lo que está de moda son los DVD y CD de música. Es un gran negocio y la pregunta sería por qué se lo permiten. Hay que distinguir dos aspectos.
En primer lugar, la venta callejera de este tipo de mercancía está prohibida por ordenanzas municipales, y en segundo lugar, es un delito. Nadie lo ignora. El funcionario municipal que diga que es un delito federal y que no puede hacer nada, miente. Y no sólo miente: es encubridor (artículo 277 del Código Penal), porque si sospecha de la comisión de un delito tiene la obligación de denunciarlo, sea federal o provincial. Un ejemplo: si un varita ve un auto que pasa el semáforo en rojo le hará una multa; y si, trascartón, atropella a una persona, hay un delito de lesiones. Eso no quita que no deba pagar la multa por pasar en rojo. Habrá multa administrativa  y condena penal.
El otro aspecto que desvela a más de un abogado es que por el mismo hecho se atrapan dos delitos. Se vulnera la propiedad intelectual protegida por ley 11.723 y casi siempre la marca registrada del sello editor de la película o la música que protege la ley 22.362.
La primera ley es de competencia provincial, y la segunda, federal. Son dos disposiciones penales. Los dos delitos son cometidos simultáneamente, mediante una única conducta. Quien deba intervenir en un caso u otro no es asunto de la autoridad administrativa, municipal o policial; que debe cumplir con sus obligaciones y, si en ese tránsito conoce que se cometió un delito, debe denunciarlo. Las cuestiones de competencia penal no son asunto de ella.
Ya es hora de tener una buena charla; ver cómo hacer para que los casos lleguen a nuestras oficinas y dejar de hacer papelones, “discutiendo el sexo de los ángeles”, como diría mi abuela.