BUENOS AIRES.- La situación argentina hace acordar al cartel que se lee en la entrada de muchos comercios: "Sólo se fía a personas de 99 años de edad, acompañadas de sus padres". Pero habría que enmendarlo, poniendo: "le fié abundantemente, no me pagó, me arruinó y ahora no me venga a pedir fiado nuevamente porque lo saco con los perros". Nadie quiere aportar un flaco dólar o euro y las contradicciones sociales se exacerban. En esas condiciones amenaza con frustrar la tímida reactivación que se observa en algunos sectores. La filosofía que prevalece es la de no aportar nunca soluciones, sino favorecer un masivo litigio.
Esto es así, en el sentido de que ninguno de los múltiples conflictos que se presentan, sean por el dinero atrapado en el corralito o el corralón bancarios; sean por la pesificación o la despesificación; sean los reclamos de aumentos tarifarios de las empresas de servicios públicos privatizados; sean de los empleados públicos o jubilados por restitución de cercenamientos salariales; sean de provincias contra la Nación por recortes de coparticipación; sean exportadores del exterior por embarques impagos, y todo lo demás que pueda suscitarse, son imposibles de transar, de ser resueltos por acuerdo de partes. Al contrario, resultan en fallos judiciales complejos y controvertidos, a menudo terminando en una Corte Suprema que, de tan cuestionada y sospechada por corrupción, carece de autoridad y credibilidad, y sus fallos, a su vez, pueden ser apelados ante tribunales internacionales.
Es un ambiente donde los abogados dedicados a llevar adelante estos litigios, no sólo prosperan sino que lideran el ranking de avisadores publicitarios. El Gobierno intentó sin éxito frenar este clima belicoso a través de la flexibilización y la devolución de depósitos hasta $ 7.000, que los bancos ofrecieron llevar hasta $ 10.000, pero eso no desalentó la indignación de ahorristas ni de abogados, quienes redoblaron su fe en la industria amparista.
Al punto que la exigencia del FMI para que se termine con estos amparos si se quiere arreglar con el organismo, parece un chiste, dado que el escenario está montado como para que esa lucrativa fuente de ingresos para abogados, que litiguen tanto dentro como fuera del país, se reproduzca y crezca vertiginosamente.
Viejos problemas
Pero aparte, las acusaciones de corrupción administrativa siguen pesando y vedando una conciliación de intereses. Casos como las privatizaciones de los 90, la licitación de IBM-Banelco o IBM-Banco Nación, la concesión de los DNI a Siemens, el contrabando de exportación de oro, siguen impidiendo que la Argentina gane una cuota de confianza.Los acreedores dueños de títulos argentinos impagos, tanto europeos como norteamericanos, siguen reclamando que sus gobiernos y la Justicia protejan sus intereses. El dilema en el que se debaten es: si romper definitivamente con la Argentina, condenarla al ostracismo como ha hecho el FMI, o esperarla unos meses hasta que cambie el Gobierno y se vean las orientaciones de las nuevas autoridades elegidas. Que digan si están dispuestos a empezar a pagar. O al menos, una parte. Del lado local, se enfrentan dos tendencias: una que dice que hay que arreglar; y otra rupturista, que hoy prevalece en las encuestas.
Pero el problema argentino es cómo reanudar inversiones hoy totalmente paralizadas. Para ello se necesitan créditos blandos, y el financiamiento de organismos internacionales es absolutamente insustituible. Basado en un pequeño superávit inicial del Tesoro, el Gobierno dio un tibio puntapié inicial con el plan de infraestructura de obras públicas, pero en proyectos limitados. Pero por lo menos, lo poco o lo mucho que pudiera hacer el Gobierno y el factor cultural interno para reinsertarse, deberían hacerlo en un mundo que no puede prescindir finalmente de la Argentina, como esta del mundo. (DyN)
