Revelador debate de los padrones

Desde tiempo inmemorial los padrones partidarios constituyen uno de los secretos mejor guardados de las agrupaciones políticas, pues las disposiciones legales y reglamentarias que los colocan bajo el periódico control de la Justicia Electoral no se cumplen con la rigurosidad exigida. Por tal causa, nadie podría informar con certeza sobre cuál es el número de afiliados de un partido, de cuyo caudal dependen no pocas condiciones para su reconocimiento legal y representatividad. Por añadidura, y como es muy conocido, no todas las afiliaciones que figuran en sus archivos son legítimas, pues buena parte de ellas es desconocida por sus titulares, mientras otras corresponden a ciudadanos inscriptos en más de una agrupación. Todas esas irregularidades han salido a la luz nuevamente a raíz de las próximas elecciones internas abiertas en los partidos y el debate, con fallo judicial, que pone en tela de juicio público la calidad de esos comicios.
En tales condiciones es muy difícil determinar cuántas y cuáles son las organizaciones políticas que deberían perder su personería por carecer del número de afiliados exigido por la ley, o que no disponen en rigor de personería nacional y, hasta en ciertos casos, tan sólo son una mera chapa con su nombre en alguna oficina. La Justicia Electoral puede aducir para justificar esa situación que no dispone de recursos técnicos ni de personal para controlar el correcto funcionamiento del sistema, lo cual está muy cerca de la verdad.
Pero, como otras cosas que ocurren en la política nacional, la causa más profunda es el desorden recurrente que durante medio siglo de crisis institucionales -en que los partidos fueron clausurados y hasta disueltos en algunas ocasiones- instauró en los partidos una suerte de provisoriatos que conspiró contra sus reorganizaciones modernizadoras. El reproche, sin embargo, le alcanza en toda su magnitud a la clase política cuando, después de casi dos décadas de restauración democrática, se advierte que ni los poderes públicos, ni los partidos, se han preocupado por restaurar esas organizaciones intermedias del sistema representativo, perdiendo con ello la confianza ciudadana.
La jueza federal María Servini de Cubría ha prohibido la difusión de los padrones de afiliados, cuya finalidad inicial fue impedir que los mismos pudieran votar en internas de partidos ajenos, invocando el principio de intimidad de las personas. De no hacerlo así -se argumenta razonablemente- la identificación partidaria podría dar lugar a discriminaciones, desprotegiéndose de esa forma un derecho individual del primer grado.
Sin embargo, bastante más compleja resulta la desafiliación de quienes sorpresivamente descubren que nunca se afiliaron a un partido. Esos casos de irregularidades, que resultan realmente penosos para la gran mayoría de ciudadanos desencantados de la partidocracia y sus legados de insolvencia ética y moral, son de nuevo testimonios públicos de la gran carga de errores y frustraciones que la sociedad argentina denuncia con hechos y palabras, pero que esa clase política desoye para tratar de impedir su relevo.
Tal vez nunca como en esta cita histórica a comicios partidarios y generales, los argentinos enfrentaron como pueblo democrático una responsabilidad mayor en su propio destino. Para superar la decadencia tan sólo se requiere asumirla, votando sin concesiones contra la demagogia.