Demoran el aval a la mediación obligatoria

La falta de acuerdo respecto del título universitario que debe poseer el mediador obligó a los legisladores a evitar el tratamiento en sesión del proyecto de ley que crea la figura de la mediación obligatoria, como instancia previa al proceso judicial tradicional.
La iniciativa llegó al recinto con tres dictámenes que sólo difieren en cuanto a la profesión del mediador. Mientras dos proyectos circunscriben la figura para los abogados, otro amplía esa posibilidad a cualquier profesional universitario. Ante un pedido de colegios profesionales, el oficialismo accedió a postergar su tratamiento.
El justicialista Alejandro Martínez tomó la palabra y solicitó la vuelta a comisión del expediente. Su compañero de bancada, Juan Eduardo Rojas, aceptó la moción y planteó que el tema tenga preferencia para ser tratado en la próxima sesión. El republicano José Costanzo, en tanto, coincidió con los oficialistas y aseguró que el pedido de dilación no es caprichoso.
El contador adelantó que, si bien el contenido del proyecto fue consensuado, resta definir los requisitos para quienes aspiren a ser mediador. En efecto, la reunión que hoy mantendrán representantes de los colegios de Abogados y de Graduados en Ciencias Económicas para tratar de acercar posiciones puede resultar clave.
La sanción de la norma cubrirá el vacío legal que existe y que obligó a la Corte Suprema de Justicia a regular el procedimiento. Desde hace tres meses se aplica un plan piloto, según el cual el tribunal (Cámara o juez), cuando advierte que una causa judicial ya iniciada puede ser derivada a mediación, consulta a las partes. Si estas aceptan dejar en suspenso el litigio, pueden proponer de mutuo acuerdo a un mediador de un registro (hay anotados 72 abogados) o se les asigna uno por sorteo.


La aprobación de una ley de excepción para titularizar a directores de escuelas que revistan el carácter de interinos dividió al oficialismo, que debió solicitar un cuarto intermedio para acordar la redacción final del proyecto.
La iniciativa acordada en la Comisión de Educación permitía el beneficio para aquellas personas que ostentaran esa condición desde hace por lo menos 10 años. Sin embargo, José Cúneo Vergés (PJ) planteó a la titular de la comisión, Olijela Rivas, la necesidad de flexibilizar esa exigencia. Aseguró que, de esa forma, la lista de beneficiados treparía de 11 a 24. La negativa de Rivas a aceptar el cambio derivó en que el asunto sea discutido durante un cuarto intermedio de 30 minutos. Al reinicio de la sesión, Rivas informó que se había consensuado fijar la antigüedad en ocho años. Además, se aprobó un proyecto de resolución de José Cano (UCR), a través del cual se insta al PE a que, a partir de la promulgación, las designaciones sean cubiertas por la Junta de Clasificación y se respeten los concursos de antecedentes.



La larga historia de la renegociación inconclusa del contrato con la Empresa Distribuidora de la Energía de Tucumán (EDET) seguirá hasta fin de año. Ayer, la Legislatura aprobó la prórroga del plazo para llegar a un acuerdo, solicitada por el PE, que expirará el 31 de diciembre.
Durante el debate, referentes de movimientos de usuarios desplegaron pancartas en contra de la suba tarifaria anticipada por el gobernador José Alperovich. A su turno, Alejandro Sangenis (MP3) cuestionó la prestación del servicio y fue el único que votó en contra. La reacción provino de la misma oposición. Como integrante de la comisión de renegociación, Carlos Canevaro (FR) afirmó que sólo hay una carta intención para definir el contrato.
“Se trata de la vigencia de una comisión, pero hay quienes intentan incorporar otras cuestiones”, dijo Víctor Lossi (PJ). En tanto, el justicialista Antonio Alvarez señaló que el problema energético es nacional, no provincial, con reglas de juego puestas por el Gobierno central”, afirmó el ex concejal de la capital.



El oficialismo avaló ayer la intención del Gobierno provincial de liquidar 33 lotes fiscales ubicados en Yerba Buena. Con 24 votos a favor y cuatro en contra, la Cámara aumentó el listado de inmuebles públicos que pueden ser enajenados a través de la operatoria conocida como “Activo por Activo”.
El presidente del bloque peronista, Rodolfo Ocaranza, defendió la iniciativa del Poder Ejecutivo ante las críticas de los opositores Alejandro Sangenis (MP3) y Carlos Canevaro (FR). “No sabemos el monto del dinero ni el destino previsto”, se quejó el republicano.
El PE justificó la decisión de enajenar los nuevos lotes en el temor de que sean usurpados y remarcó que, por su ubicación y sus características, poseen un alto valor económico. En efecto, la valuación fiscal fue estimada por la Dirección de Catastro en $ 2 millones, aunque el valor de mercado sería sensiblemente superior.
Paralelamente, la Cámara desafectó parte del predio ubicado en Overá Pozo, que estaba destinado a la planta de tratamiento final de residuos, y lo incorporó al “Activo por Activo”. Sangenis advirtió que el terreno podría ser adquirido por empresarios cercanos a la Casa de Gobierno que tienen fincas en la zona y que se oponen a la instalación del vaciadero. Adelantó, además, que no votará a favor de ninguna nueva expropiación.