Por Redacción Política
17 Septiembre 2006
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Antes de entablar un proceso judicial tradicional, los tucumanos deberán intentar llegar a un acuerdo por la vía de la mediación durante un plazo de hasta 40 días hábiles, prorrogable por una vez de común acuerdo. Esto dispone el proyecto de ley (sintetiza tres iniciativas sobre la materia) que será tratado mañana por la Legislatura y que cuenta con el dictamen favorable de la comisión de Legislación General.
El texto también prevé que, ya habiendo sido iniciado un proceso, en cualquier etapa o instancia judicial, las partes podrán solicitar que el caso sea sometido a este método alternativo de resolución de conflictos durante un plazo de hasta 25 días hábiles. Esto, inmediatamente, causará la suspensión de los términos del juicio, que sólo se reanudarán si fracasara la mediación.
En cambio, no podrán ser sometidos a este procedimiento los procesos familiares (separación, divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad), pero sí las cuestiones patrimoniales derivadas de ellos; la fijación de alimentos provisorios, las acciones declarativas de incapacidad, los concursos preventivos y quiebras, los juicios sucesorios, los amparos y hábeas corpus, y las causas en las que el Estado (provincial o municipal), sus empresas y entes autárquicos sean parte.
Experiencia piloto
La eventual sanción de la norma cubrirá el vacío legal que existe y que obligó a la Corte Suprema de Justicia a regular el procedimiento por medio de un acordada. Desde hace tres meses se aplica un plan piloto, según el cual el tribunal (Cámara o juez), cuando advierte que una causa judicial ya iniciada puede ser derivada a mediación, consulta a las partes. Si estas aceptan dejar en suspenso el litigio para explorar esta alternativa, pueden proponer de mutuo acuerdo a un mediador de un registro (hay anotados 72, 53 de ellos en esta capital) o se les asigna uno por sorteo.
Gracias a la experiencia, en sólo tres meses de 14 causas sometidas a este procedimiento, en esta capital, concluyeron ocho, siete de ellas con acuerdos entre las partes y seis están en trámite.
El texto también prevé que, ya habiendo sido iniciado un proceso, en cualquier etapa o instancia judicial, las partes podrán solicitar que el caso sea sometido a este método alternativo de resolución de conflictos durante un plazo de hasta 25 días hábiles. Esto, inmediatamente, causará la suspensión de los términos del juicio, que sólo se reanudarán si fracasara la mediación.
En cambio, no podrán ser sometidos a este procedimiento los procesos familiares (separación, divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad), pero sí las cuestiones patrimoniales derivadas de ellos; la fijación de alimentos provisorios, las acciones declarativas de incapacidad, los concursos preventivos y quiebras, los juicios sucesorios, los amparos y hábeas corpus, y las causas en las que el Estado (provincial o municipal), sus empresas y entes autárquicos sean parte.
Experiencia piloto
La eventual sanción de la norma cubrirá el vacío legal que existe y que obligó a la Corte Suprema de Justicia a regular el procedimiento por medio de un acordada. Desde hace tres meses se aplica un plan piloto, según el cual el tribunal (Cámara o juez), cuando advierte que una causa judicial ya iniciada puede ser derivada a mediación, consulta a las partes. Si estas aceptan dejar en suspenso el litigio para explorar esta alternativa, pueden proponer de mutuo acuerdo a un mediador de un registro (hay anotados 72, 53 de ellos en esta capital) o se les asigna uno por sorteo.
Gracias a la experiencia, en sólo tres meses de 14 causas sometidas a este procedimiento, en esta capital, concluyeron ocho, siete de ellas con acuerdos entre las partes y seis están en trámite.
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